El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha anunciado en el pleno de la Asamblea la disolución de la empresa pública Gisvesa. El próximo 31 de marzo se presentarán las cuentas de 2017 de la empresa pública de vivienda, y estará en causa legal de disolución.
Vergeles ha hecho estas declaraciones en su comparecencia en el pleno de la Asamblea, a petición del Grupo Parlamentario del PP para conocer la situación actual de esta empresa que, según el portavoz popular, José Angel Sánchez Juliá, “se ha convertido en una agencia de colocación de amigos socialistas”.
En su intervención, Vergeles ha cifrado en 12,2 millones de euros la deuda que el Gobierno del PP dejó en la empresa pública de vivienda Gisvesa y ha defendido las actuaciones llevadas a cabo por el actual gobierno para “sanearla” e intentar evitar su quiebra y disolución.
Personal de Gisvesa
El diputado del PP había demandado a Vergeles que aclarase las contradicciones existentes sobre la situación de la empresa, ya que, según el informe de su gerente, su personal se ha incrementado en un 111 por ciento, se han reducido las encomiendas de gestión y se ha reducido en 7 millones de euros su capital social.
Sánchez Juliá ha asegurado que los gobiernos socialistas de Extremadura “han maltratado” desde su creación a esta empresa y ha añadido que las cuentas de Gisvesa arrojaban un saldo positivo en 2015, cuando los populares dejaron el gobierno de la Junta, por lo que ha acusado a Vergeles de “escapismo” y “echar balones fuera”.
El diputado del PP ha añadido que cuando el PP llegó al Gobierno extremeño se encontró una empresa descapitalizada, con una plantilla desproporcionada, con balances falseados, ya que, entre otras cuestiones, se valoraron catastralmente terrenos en plena crisis a un precio que ya no se correspondía con el mercado.
Una auditoría
Sin embargo, Vergeles ha rechazado que haya oscurantismo y ha defendido que “siempre se ha querido poner orden en el caos y el desorden” y por ello pidieron una auditoría sobre las cuentas, que se encargo a empresa independiente, no como durante la etapa del PP, que la hacía la misma que elaboraba las cuentas, “por lo que los resultados negativos no afloraron en esa legislatura pese a que eran más que llamativos”.
Según ha añadido, esa deuda pone de manifiesto que Gisvesa estaba en causa legal de disolución, pese a lo que el PP no adoptó medidas, que “y actuó con falsedad y oscurantismo”, por lo que el actual Gobierno estaba obligada a tomar decisiones y por eso se hizo un plan económico financiero “que permitiese sobrevivir”.
El consejero ha rechazado las acusaciones del PP de que se ha aumentado el capital social para pagar encomiendas, ya que ha sido para pagar deudas de ejercicios anteriores y dar músculo financiero.
Vergeles, que ha agradecido al PP que haya solicitado su comparecencia “para poner negro sobre blanco”, ha asegurado que este partido ha pedido una comisión de investigación sobre esta cuestión “para hacer ruido y ahora teme que tenga efecto boomerang y su gestión le de en toda la cara”.
Comisión de investigación
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha señalado que prefiere esperar a lo que se aporte en la comisión de investigación, y el de Podemos, Avaro Jaén, ha recordado que los informes del Tribunal de Cuentas coinciden en la criticar la falta de control en la gestión tanto de los gobiernos socialistas como del PP.