Vox ensayará en Extremadura gracias al PP su cruzada ambiental contra el “fanatismo climático” y las “leyes verdes”

Extremadura será el gran banco de pruebas para la política medioambiental de Vox. El acuerdo que ha firmado con el PP de María Guardiola permitirá a la extrema derecha dirigir durante los próximos años una cartera que incluirá la gestión de los incendios forestales, el agua, el mundo rural y el patrimonio natural, a pesar de su manifiesto negacionismo del cambio climático, su batalla contra las 'políticas verdes' y su apuesta por prolongar la vida de las centrales nucleares, como la de Almaraz, en la provincia de Cáceres.

Todo esto en una comunidad autónoma con dos tercios de su superficie con alguna protección medioambiental, más de 1,2 millones de hectáreas pertenecientes a la Red europea Natura 2000 y que, según diversos informes de la Junta de Extremadura, organizaciones conservacionistas y agricultores, sufre más que otros territorios las consecuencias del cambio climático en su sector primario, pilar de la economía regional, y supone una amenaza para los entornos rurales, que estarán en manos de Vox.

Aunque Guardiola ha logrado mantener para el PP las competencias de agricultura y ganadería, entrega al partido liderado en la región por Ángel Pelayo Gordillo la actual dirección general de Política Forestal y la secretaría general de Población y Desarrollo Rural, y las convierte en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Aún se desconoce quién será la persona que se pondrá al frente, aunque Vox busca candidatos en las organizaciones agrarias afines, que en los últimos años se han mostrado combativas por lo que entienden como una protección ambiental “excesiva” que hace peligrar sus negocios.

Lo que sí se conoce son las medidas que se impondrán desde esa consejería. Según el acuerdo de gobierno rubricado el viernes por Guardiola y Gordillo, Vox tendrá la responsabilidad de “hacer compatible” el desarrollo social y económico con el cuidado del patrimonio natural. Esa intención se traduce en una revisión de la protección medioambiental de las zonas de especial protección de aves (Zepas) y lugares de interés comunitario (LIC) que pertenecen a la Red Natura.

Protección vigilada por Bruselas

Sin embargo, cualquier modificación a este respecto debe ser aprobado por la Comisión Europea a través de un proceso regulado que pueden iniciar los Estados o las comunidades autónomas. Bruselas solicita cada seis años una actualización del estado de la Red Natura 2000 para su puesta al día, pero para que las modificaciones se aprueben, estas deben estar justificadas: que hayan existido errores a la hora de definir los espacios y estos errores se acrediten, o que exista una pérdida de valores ambientales y biodiversidad por causas naturales y nunca por la acción del hombre.

Se da la circunstancia de que la Junta de Extremadura publicó a principios de este año un decreto para eliminar más de 3.000 hectáreas de suelo protegido y con ello dar luz verde a proyectos urbanísticos y empresariales con el argumento de compatibilizar también la conservación y el desarrollo de los entornos rurales. En concreto, se cambiaron los límites de 69 de las 71 Zepas y de una docena de LIC porque muchos de estos espacios se encontraban en núcleos urbanos o es sus límites.

El PP también ha criticado “la excesiva protección de estos últimos 30 años, que tan sólo ha coartado nuestras posibilidades de desarrollo y crecimiento” en línea con el revisionismo ecológico de los empresarios de la agricultura y la ganadería. Guardiola denunció antes de la campaña el “modelo hiperproteccionista” del PSOE, que había hecho de Extremadura un “territorio blindado a la iniciativa empresarial”, a pesar de que los socialistas aprobaron una ley de Zepas que permitió legalizar el resort de lujos Isla de Valdecañas (Cáceres) para intentar salvarlo de la orden de derribo del Tribunal Supremo.

Gestión de los incendios

La política forestal también pasará a manos de Vox, que quiere ampliar los usos y actividades que se permiten en los montes extremeños. En el acuerdo de gobierno con el PP se comprometen a recuperar las actividades tradicionales, entendidas en el texto como agricultura y ganadería, “que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales”.

La extrema derecha considera que la mano del hombre es “necesaria” para prevenir los incendios forestales. Su diputada en el Congreso y candidata por Cáceres, Magdalena Nevado, es una declarada negacionista del cambio climático y de las políticas ambientalistas de la Unión Europea, que considera que provocan el abandono del campo. Nevado culpa de los fuegos al “fanatismo climático” y asegura que los incendios se descontrolan “allí donde entra la Administración y donde se quema porque todo son prohibiciones”.

De esta forma, Vox culpa al ecologismo y a las leyes de protección de la biodiversidad por unos incendios que, como demuestran numerosas evidencias científicas, se ven agravados por la crisis climática. También se sirven de bulos en los que apoyar sus tesis negacionistas, como el que asegura que se impide la ganadería extensiva en territorios naturales de forma general cuando en realidad es un instrumento de lucha contra los incendios forestales.

Más regadíos frente al cambio climático

El cambio climático está afectando ya a un ecosistema único en el mundo como es la dehesa y, con ello, también a un sector importante para Extremadura, como el porcino. El 75% de la provincia de Badajoz ya padece un clima árido, la reserva de agua embalsada en la cuenca del Guadiana está alrededor del 31%, los agricultores dispondrán esta campaña de un 24% menos de agua y en la comarca de Tentudía, al sur de la provincia, llevan desde hace más de un año con restricciones. La mancomunidad ha anunciado esta semana cortes nocturnos en todos los municipios, lo que afectará a 20.000 habitantes aunque la población aumenta en verano.

A pesar de este escenario, hay nuevos proyectos de regadíos en Extremadura, como los de Tierra de Barros, Monterrubio de la Serena, Villanueva del Fresno, Arroyo del Campo, Ambroz o Zona Centro. Algunos están en marcha y otros en trámites y obras, pero hay numerosas voces de expertos, ecologistas, partidos como Unidas por Extremadura y algunos agricultores que advierten de los problemas irresolubles de abastecimiento que pueden provocar.

Frente a un nuevo modelo de agricultura y la introducción de nuevos cultivos para adaptarse al cambio climático, una vez que Vox llegue a la Junta de Extremadura ampliará los regadíos para el sector primario “velando por la suficiencia de recursos para el consumo humano y animal”, según se recoge en el acuerdo de gobernabilidad firmado con el PP. También, a pesar de que la comunidad aprobó a principios de año su primera ley de aguas, el nuevo Ejecutivo impulsará una “sin condicionantes ideológicos”.

El PP se opuso a esta ley, que considera un derecho el acceso al agua y al saneamiento, porque “limita” la iniciativa de empresas privadas e impone un “control férreo” por parte de la Junta de Extremadura.

Minas y energía nuclear

Vox también ha logrado introducir en el acuerdo “la explotación de nuestros propios recursos” para disminuir la dependencia con el exterior y reforzar la soberanía energética e industrial. Pero en Extremadura existe una destacada contestación social a los proyectos mineros, como el de la mina de litio de Cáceres, cuyo proyecto es finalmente subterráneo y no a cielo abierto, aunque se encuentra a dos kilómetros de su casco urbano. En Cañaveral (Cáceres), donde también existe un yacimiento de litio, también hay movilizaciones contra el proyecto.

Por otro lado, en el pacto de gobierno con 60 medidas no se hace alusión a las energías renovables, a pesar del peso y del protagonismo que han adquirido en Extremadura, y que han sido decisivas para algunos de los proyectos empresariales que se han instalado en la comunidad. Sin embargo, la derecha y la extrema derecha “protegerán los activos energéticos amenazados por motivos ideológicos”, es decir, apuestan por la energía nuclear. “Exigiremos que se rectifique el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz”, incluyen entre las medidas.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha advertido de que, si gana el 23J las elecciones, prologará la vida de las centrales. En el caso de la central extremeña, el inicio del cierre de las unidades I y II serán a partir de 2027 y 2028. El PSOE en Extremadura también se ha mostrado a favor de prolongar el funcionamiento en el caso de que los propietarios, Iberdrola, Endesa y Naturgy, lo solicitaran.