Vox propicia una nueva derrota del PP en Extremadura y deja caer un decreto para agilizar el urbanismo
El PP en Extremadura suma otra derrota propiciada por Vox, quien fue su socio de gobierno hasta hace un año. En esta ocasión, la abstención de la extrema derecha ha tumbado un decreto ómnibus de la Junta en el que se han incluido medidas de simplificación administrativa para la promoción de viviendas, medidas urgentes en materia de energía renovable y función pública.
El pasado mes de noviembre, la oposición en conjunto votó en contra del decreto-ley de medidas fiscales urgentes para facilitar el acceso a la vivienda, aunque tras el fracaso de la Junta de Extremadura en la negociación presupuestaria, logró sacarlo adelante a la tercera y con Vox.
El PSOE y Unidas por Extremadura no han apoyado el decreto ómnibus de este jueves y Vox se ha abstenido, aunque todos han considerado un error la mezcla de temas y porque la tramitación ha impedido que se recojan las propuestas de todos los grupos parlamentarios al no regularse como proyecto de ley.
El decreto de simplificación administrativa, que modifica la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible (LOTUS), entró en vigor en mayo tras su aprobación en el consejo de gobierno y su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), pero ahora tendrá que derogarse. En otras cosas, se eliminaba la prohibición de modificar sus planes urbanísticos en 266 municipios para construir viviendas, incluía también la reducción de plazos, la cesión gratuita de suelo para vivienda protegida y la sustitución de la licencia de primera ocupación por una declaración responsable.
Según ha explicado el consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, la simplificación de la aprobación del planeamiento municipal y la reducción de los plazos de información pública para tramitar planes municipales de 45 días a un mes cuando no precise evaluación ambiental ordinaria eran otras de las medidas.
El decreto-ley introducía un nuevo título VIII en la LOTUS sobre la regulación de las entidades de certificación urbanísticas y su colaboración en funciones administrativas con los ayuntamientos que lo precisaran de forma voluntaria.
Asimismo, modificaba la Ley Agraria de Extremadura para eliminar la prohibición de soterrar líneas eléctricas y conducciones de saneamiento, gas o agua en caminos públicos, con el objetivo de facilitar las infraestructuras de energía renovable.
Por último, el decreto-ley abordaba circunstancias extraordinarias a corto plazo en materia de función pública. Entre ellas, ampliaba a un año los programas temporales de empleo, tres años más otro prorrogable, en caso de necesidades no permanentes de la Administración debidamente justificadas.
El diputado de Vox, Ángel Pelayo, ha criticado que la Junta pretenda aprobar un decreto sin negociar, por lo que ha advertido de que no aceptan “chantajes”, tampoco ahora con esta “chapuza legislativa”. “Ya nos conocen ustedes”, ha insistido.
No obstante, Pelayo ha señalado que la norma tiene aspectos positivos, pero insuficientes en materia de vivienda y ha criticado aspectos como la afectación a la autonomía municipal y el riesgo de la declaración responsable.
El diputado socialista Fernando Rodríguez se ha mostrado de acuerdo con la cuestión de la energía renovable y de la función pública, pero en materia de vivienda ha subrayado que es una “vuelta al urbanismo salvaje” para que “unos pocos se forren”.
Rodríguez ha incidido en el problema de la declaración responsable, ya que en caso de incumplimiento de la primera ocupación, “quién” desaloja, lo que a su juicio es un “marrón” para los alcaldes.
El diputado de Unidas Joaquín Macías ha criticado que se meta “en el mismo saco” los tres asuntos, lo que les obliga “a votar de una manera no le gustaría en algunos aspectos”.
Macías, que como los otros intervinientes ha mostrado su apoyo a los interinos, ha considerado que hay margen para la simplificación administrativa, pero ha considerado que el decreto-ley no responde a las necesidades de vivienda.
La forma más rápida de afrontar la falta de vivienda es conseguir que salgan al mercado las 140.000 que están abandonas en Extremadura, según Macías.
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