Vox se rompe en la provincia de Badajoz entre investigaciones ilegales y espionaje

Vox se rompe en la provincia de Badajoz. La dirección provincial del partido de extrema derecha dimitió en bloque en la noche del miércoles después de meses de discrepancias, denuncias y amenazas de sus miembros y militantes pacenses.

El hasta ahora presidente provincial, Ángel Borreguero, renunció al cargo y el resto de cargos siguió sus pasos, con lo que se ha puesto fin a una de las direcciones más polémicas de Vox y que más quebraderos de cabeza ha causado al partido de Santiago Abascal.

Como ya publicó en junio este diario, un juzgado de Badajoz investiga si la dirección provincial de Vox obtuvo datos penales y policiales de afiliados de forma ilícita con objeto de cesarlos. Algunos de ellos eran altos cargos eran en la gestora provincial y otros coordinadores locales, que presentaron una denuncia por un presunto delito de revelación de secretos por una investigación ilegal que habría encargado el partido con el objetivo de que abandonaran sus cargos.

La abogada de los denunciantes aseguró a elDiario.es Extremadura que “tienen conocimiento de que se ha accedido a bases de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para conocer sus antecedentes policiales y penales, y sacar basura de personas que están afiliadas”. También apuntó a miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que podrían estar implicados.

No ha sido la única polémica que ha rodeado al partido de extrema derecha en Badajoz. En abril de 2021 abandonaron el partido ocho candidatos de Vox en la provincia calificando a la formación como “antidemocrática” y “anticonstitucional” porque su disciplina interna “es una apisonadora”, que se aplica “de manera caprichosa” por parte de la Secretaría General -entonces ejercida Javier Ortega Smith-, sin respetar los derechos de los afiliados y sin garantías de contradicción o defensa.

Los militantes denunciaron entonces haber sido objeto de “técnicas indecentes, como el intento de investigaciones personales mediante la contratación de detectives privados, con el objeto de hacer público algún aspecto de la vida privada del investigado, y así anularlo políticamente”. Todas las pruebas relativas a estas prácticas se enviaron a la Secretaría General, a la Vicesecretaría de Organización y al Comité de Garantías, a los efectos de su investigación interna, y “no hubo reacción ni acción alguna”.