PP y Vox se muestran incapaces de superar sus diferencias en Extremadura y este martes, tras la constitución de la Asamblea, la candidata del PP, María Guardiola, ha roto las negociaciones y ha puesto muy complicado retomarlas tras unas palabras especialmente duras contra la formación de Santiago Abascal. Por eso, ahora planea la posibilidad de que los extremeños tengan que volver a las urnas para repetir las elecciones.
Los plazos para ello comienzan a correr desde este martes, una vez iniciada la XI legislatura autonómica con la constitución de la Asamblea, desencadenante de la fractura de las relaciones entre PP y Vox. Esa falta de acuerdo ha hecho que la izquierda haya conseguido mayoría en la Mesa de la Cámara y que la formación ultra se haya quedado sin representación. En concreto, el PSOE revalida la Presidencia gracias a los votos de Unidas por Extremadura (UPE) y consigue la vicepresidencia primera y una secretaría. El PP se ha hecho con la vicepresidencia segunda y una secretaría, y la tercera ha sido para UPE gracias a los votos socialistas.
Por lo tanto, está en manos de la izquierda el manejo de los plazos para proponer un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, la fecha del debate de investidura y, en su caso, la disolución de la Cámara para la repetición electoral, que sería en otoño. Según el reglamento de la Asamblea, la presidenta tiene un plazo de 15 días como máximo para proponer un candidato tras escuchar a los diferentes grupos parlamentarios, por lo que tendría que ser antes del 5 de julio.
A partir de ahí, en dos semanas como máximo se tiene que celebrar el pleno de investidura, lo que haría correr el calendario hasta el 20 de julio. Si esa persona no consigue mayoría absoluta en la primera votación, algo bastante probable dado el reparto de escaños tras el 28M (PSOE y PP empatados con 28 diputados, Vox cinco y UPE cuatro en una hemiciclo donde la mayoría absoluta es de 33), dos días más tarde se tendría que convocar un nuevo pleno donde sería suficiente con alcanzar la mayoría simple, más votos positivos que negativos. Este pleno tendría lugar, siempre en la horquilla máxima de plazos, el 22 de julio, un día antes de la celebración de las elecciones generales del 23J.
Si el aspirante no consigue en esa sesión más síes que noes, se inicia un nuevo plazo, en esa ocasión de dos meses (20 de septiembre) para que se presente un candidato que pueda reunir mayoría suficiente. Las elecciones generales ya se habrán celebrado para entonces y pueden entrar otros factores en juego, pero en el caso de que este plazo venza, la Asamblea quedaría disuelta y se convocarían nuevas elecciones autonómicas en Extremadura.
Los escenarios posibles
Por lo tanto, todos los escenarios están abiertos en esta comunidad después de que parezca alejarse la posibilidad de un pacto entre PP y Vox, que suman los 33 diputados necesarios, mientras que el bloque de izquierdas, PSOE y UPE, se quedan en 32. Pero, ¿cuáles son las opciones a partir de ahora?
El PSOE venció por votos en las elecciones del 28M, aunque empató en representación con el PP. El candidato socialista, Guillermo Fernández Vara, podría ser propuesto para la investidura, aunque hay varios factores que juegan en contra. Tras los resultados electorales, Fernández Vara dio por terminada su vida política y anunció su regreso al Instituto de Medicina Legal de Badajoz, donde tiene plaza como médico forense. Sin embargo, con la convocatoria de los comicios generales en el horizonte, cambió de opinión en 24 horas, anunció que el PSOE presentaría candidato y que en el caso de no revalidar la Presidencia de la Junta los socialistas extremeños tendrían que elegir en otoño un nuevo secretario general.
Fernández Vara tendría el apoyo de Unidas por Extremadura, que exigen su entrada en el Gobierno, pero el PSOE tendría que negociar la abstención de PP o Vox. La candidata del PP, que se autoproclamó ganadora en la noche del 28M, ha pedido justo eso a los socialistas, que se abstengan en la votación para no tener que negociar la investidura con la extrema derecha. Sin embargo, se trata de un escenario que el PSOE no contempla al ser el partido más votado, a pesar de que el actual presidente en funciones se enfrentaría a una investidura previsiblemente fallida.
En el PP todos miraban a Vox al considerar que era posible el entendimiento porque a su candidata, María Guardiola, solo le sirven los votos afirmativos de la extrema derecha en el caso de que PSOE y UPE voten en contra. En Unidas por Extremadura tienen claro que no apoyarán un Ejecutivo de Guardiola por su “discurso incoherente” al defender los derechos humanos en público pero después ofrecer un acuerdo a Vox que abría la posibilidad a la puesta en marcha del veto parental o la derogación de la Ley de Memoria Histórica.
Esas “líneas rojas” han sido precisamente las que han dinamitado los puentes entre PP y Vox en Extremadura, aunque los cimientos nunca fueron consistentes entre ellos. La candidata del PP se comprometió antes, durante y después de las elecciones a dejar fuera de la Junta a la extrema derecha, y marcó distancias al defender el aborto, los derechos de las personas LGTBI, la inmigración o al reconocer la violencia machista.
Vox insiste en formar un Gobierno de coalición de derechas para hacer cumplir los acuerdos del pacto que se firme, pero Guardiola ha sido clara este martes tras escenificarse la fractura: “No puedo dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes o despliegan una lona para tirar a una papelera la bandera LGTBI”.
Sin embargo, las posiciones entre ellos, al menos sobre el papel, son muy cercanas. Las propuestas de acuerdo que se cruzaron a lo largo del pasado lunes coinciden en numerosas medidas, políticas y terminología. De hecho, el PP propone una Ley de Concordia en sustitución de la Ley de Memoria, algo que no incluyó en su programa electoral, y también reconoce el derecho de los padres a vetar contenido en las aulas, una de las propuestas más reconocidas de Vox. También coinciden en alargar la vida útil de la central nuclear de Almaraz y en reducir la superficie de los espacios naturales protegidos por la Red Natura 2000. Una oferta de medidas, las del PP, que Guardiola consideraba aceptables para los votantes de Vox.