Nadie aplaude salvo el PP. La rebaja de impuestos anunciada este lunes por el presidente de la Junta, José Antonio Monago, apenas ha recibido algún elogio y limitado a folios, comunicados de prensa, con membretes azules del Partido Popular. En una comunidad cuyo déficit sigue sin estar controlado, y con la deuda pública galopando hacia los 3.000 millones de euros, el anuncio ha sido tachado como mínimo de “desesperación electoralista” (UGT) o de temerario, ya que no se explica cómo se cubriría el agujero presupuestario de 114,3 millones de euros.
Monago no ha encontrado apoyo en ningún otro partido político o sindicato, sólo los regionalistas de PREx-CREX se ofrecen a negociar rebajar la presión fiscal, pero sin que eso ponga en peligro políticas básicas como las sociales, educación o sanidad.
La Junta de Extremadura ha pregonado con esta ocasión que desea convertir a Extremadura en la comunidad con los tributos más bajos. Valentín García, portavoz parlamentario del PSOE, no inscribe todas estas promesas sino en un marco “electoralista”, el de halagar el oido del ciudadano en víspera de las elecciones autonómicas, en una operación que también pondrá en marcha a su escala el Gobierno nacional de Mariano Rajoy.
Los ’12 Mandamientos’ de IU
Se trata de la tercera reforma fiscal del presidente regional del PP, que se comprometió genéricamente a retocar impuestos dentro de aquellos “doce mandamientos” que tuvo que acatar en 2011 para que Izquierda Unida le dejara gobernar en minoría; en 2012 vino la primera reforma y la más fuerte subida tributaria, caracterizada sobre todo por la recarga sobre la gasolina y el gasoil, y la creación del canon doméstico por consumo de agua, dos aspectos que IU justificó en razones ecológicas, de ahorrar en una cosa y otra.
En 2013 se produjo la segunda reforma, esta vez a la baja, y ahora nos encontramos en puertas de la tercera. Globalmente, sostiene el PSOE, los cuatro años de legislatura de Monago acabarán con subida de impuestos y, sobre todo, con un cambio en la estructura de reparto: más carga en los indirectos (carburantes, agua), y ancho de manga en los directos a la fortuna de las personas que se consideran socialmente más justos (IRPF o patrimonio).
La cuarta presión fiscal más alta de España
El caso es que la presión fiscal en Extremadura es muy alta, y mucho camino hay que recorrer para convertirla, como se promete ahora, en la más liviana de España. Según datos del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, es la cuarta presión más alta del territorio nacional, un 11,83%, al poner en relación los tributos que se pagan con la riqueza producida (producto interior bruto, PIB).
Las cifras previstas para 2013 indican que los extremeños pagarían 1.916,8 millones de euros entre unos y otros impuestos, sobre un PIB de 16.199 millones. Sólo regiones riquísimas como País Vasco, Navarra o Cataluña soportan en los bolsillos de sus ciudadanos un conjunto de tributos superior; mientras que Baleares, Madrid, Valencia o Aragón, con rentas per cápita muy por encima de la extremeña, dispondrían de mayores cantidades de dinero liberadas para gastar y consumir.
En ese panorama, de un esfuerzo fiscal muy elevado entre Gobierno, Junta y ayuntamientos, el anuncio de Monago ha merecido el repudio general de fuerzas políticas y sindicales, con especial dureza en sus términos de UGT o el partido UPyD.
Para el sindicato que lidera Francisco Capilla, Monago con su “ansiedad de titulares” y una “desesperación electoralista” propia de las prisas, anuncia de nuevo una reforma fiscal que no cuenta con el más mínimo consenso social ni político, y que no parece ajustarse a la situación actual de nuestras arcas públicas. Con un déficit público “desbocado, del 2%”, del que seríamos máximos incumplidores, el presidente extremeño se lanza sin embargo a un recorte fiscal que equivale al presupuesto anual de la Universidad.
Desde que Monago fue nombrado presidente en 2011, la deuda de la Junta va camino de los 3.000 millones, 1.000 millones más que al principio, recuerda UPyD, que se pregunta de dónde van a salir los 114,3 que desaparecerían del presupuesto. José Sigüenza, coordinador regional del partido, dice confiar en que los ciudadanos no caigan en este “engaño electoral”.
Pedro Escobar, coordinador regional de IU, no ha faltado a este coro de críticas. No le gusta en absoluto la reforma anunciada, que procede en su mayoría del debate de estado de la región de mayo pasado, pero que fue tapado por la moción de censura que le presentó Vara.
El izquierdista, que arrastra precedentes de decir que no pero votar luego abstención, propone todo lo contrario, más recursos para evitar recortes, forzando en particular los impuestos de patrimonio y renta a las rentas más altas y eliminando mayor cuantía de fraude.