Revuelo en el inicio de la campaña del rebusco de uva en Tierra de Barros, una actividad que se realiza después de cosechada la viña, y proporciona unos ingresos adicionales a quienes entran para aprovechar los restos. Mientras colas kilométricas, de cientos de rebuscadores, cuelgan de los puestos de compradores, Sanidad les ha avisado a éstos de que la mercancía es ilegal, y en algún caso ha intervenido un almacenamiento de 40.000 kilos.
El rebusco es una actividad ancestral, y alegal, que ha servido de subsistencia a muchas familias de jornaleros, y que en la situación de crisis actual se ha multiplicado; de tal manera que sólo en la ciudad de Almendralejo se estima en 1.000 el número de personas, generalmente paradas, que se meten en la viña para recoger los restos de cosecha, y sacarse unos euros vendiéndolos a compradores intermediarios, y a las propias bodegas.
Sin embargo en los últimos años se ha producido un choque entre compradores y rebuscadores por un lado, y los agricultores por otro, y éstos últimos por medio de las organizaciones agrarias han reclamado una regulación.
“No queremos acabar con ello”
“Nosotros no queremos acabar con el rebusco, si algo se queda en el campo está bien que alguien lo aproveche, el problema son los robos y la ilegalidad”, explica Catalina García, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
Y es que hay quien entra en el viñedo antes de la recolección de campaña, por lo que la idea sería establecer unas fechas oficiales y únicas para toda Extremadura en las que se podría hacer el rebusco. Por otro lado, los agricultores quieren prohibir que la uva de restos sirva para hacer vino, “y no nos haga competencia”, además de regular sanitaria y fiscalmente la actividad de los compradores intermediarios.
La Junta, por esa presión de los agricultores, ha intentado publicar una regulación pero tras dos años de trabajo ha tirado la toalla; sus servicios jurídicos han dicho que por su propia naturaleza, el rebusco no se puede legalizar.
Visitas de Sanidad con la Guardia Civil
Así que inspectores sanitarios de la Administración autonómica, acompañados por la Guardia Civil, están visitando a los compradores y advirtiéndoles que es una actividad ilegal porque no se puede establecer la trazabilidad (origen, recorrido y destino) del producto, una uva que generalmente –aunque hay excepciones—va para elaboración de vinagre y alcohol, pero no de vino.
Es todo un conflicto social y económico porque son muchas las familias dedicadas a ello, en unos tiempos de desempleo y pobreza generalizadas, y porque por eso mismo, por la multiplicación de rebuscadores, las cifras no son minúsculas; la semana pasada, en un solo día, se recogieron en Villafranca 300.000 kilos de uva de rebusco, que supusieron que en un millar de hogares entrara un jornal de 30 euros.
Los Campamentos Dignidad, y la Asociación de Defensa de lo Público, reclaman a la Junta de Extremadura una solución urgente, que deje de bloquear la compra de los rebuscos con procedimientos “torticeros”. El “daño” que se estaría haciendo a los jornaleros y parados de la comarca de Barros y de toda Extremadura es “enorme”, ya que algunos compradores están desmantelando sus puestos.
Son ahora los compradores de rebusco los que se están moviendo para encontrar soluciones que medio contenten a todas las partes, y si en algo están de acuerdo –ellos, agricultores y rebusqueros—es que hay que hacer algún tipo de regulación. Y si se producen robos, “que haya vigilancia y severidad en la justicia”, reclama Juan Luis Díaz, comprador de uva de rebusco.
Desde esa parte se lanza la propuesta de formar un comité de trabajo, con todos los sectores interesados y presidida por la Administración, para buscar alguna salida, y además se emiten tres sugerencias para remediar cuestiones como robos y daños, la sanidad, o el aspecto fiscal. En la primera de ellas, constituir entre agricultores y compradores unos seguros que cubran hurtos y perjuicios a las fincas, como los que tienen los cazadores.
En el plano sanitario, solicitan que las bodegas receptoras del rebusco tengan un depósito aparte para esta mercancía, en el cual se hagan los análisis necesarios que determinen el destino de la mercancía, y en tercer lugar, el fiscal, que la uva o la aceituna con este origen sea considerada un producto legal y de mercado.
El panorama de fondo es la competencia que este mercado paralelo hace al oficial de uva para vinificación, y la perturbación que provoca el rebusco en los jornales que se pagan para la aceituna de verdeo, dos recogidas que coinciden y que hacen que estos últimos, los de aceituna, no puedan bajar.