La secretaria general de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, María Ascensión Murillo, ha explicado este viernes que la ubicación en Badajoz de la sede de la Comisión Jurídica regional, que sustituye al extinto Consejo Consultivo, recupera un edificio de la ciudad y que esto se hace con el acuerdo del PP en la Diputación Provincial.
Así lo ha dicho en Mérida, en una comparecencia ante la Comisión de Administración Pública de la Asamblea y a preguntas del Grupo Popular sobre esta cuestión.
El pasado día 12 de enero el Consejo regional de Gobierno aprobó una modificación del reglamento de funcionamiento y organización de los servicios jurídicos de la Junta para dar cabida a la Comisión Jurídica que sustituyó al extinto Consejo Consultivo.
Se modificó el Decreto 99/2009, de 8 de mayo, para añadir un título IV al Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma bajo la denominación “De la Comisión Jurídica de Extremadura”.
En ese texto se especifica que tiene su sede en la ciudad de Badajoz y que es el órgano consultivo de la Comunidad, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Estado, según informó entonces el Ejecutivo regional.
Murillo ha explicado que esa sede se halla en un edificio de la Calle Godofredo Ortega Muñoz y que hay “motivos económicos coincidentes” entre las administraciones regional y local.
En su día, la Diputación Provincial aprobó por unanimidad, es decir, con la aquiescencia del Grupo del PP, que allí se ubicara.
La diputada del Grupo Parlamentario Popular Eva Pérez Zamora ha criticado que se invierta más dinero en la nueva sede cuando en su día se invirtieron siete millones de euros, aproximadamente, en la rehabilitación del edificio del Consejo Consultivo.
Ha reclamado que “los extremeños no gasten más dinero” en la nueva sede y que se aproveche la del Consejo Consultivo.
Además, ha dicho que no hay “una despolitización” de este órgano y que es “una tomadura de pelo” de la Junta mientras que Murillo ha afirmado que se cumple “a rajatabla” la legislación.
La Comisión Jurídica, formada por funcionarios de carrera con categoría de letrados o técnicos superiores de especialidad jurídica de la Junta, de la Asamblea regional, o de cualquier administración pública con más de diez años en servicio activo, se adhiere a la Abogacía General del Ejecutivo autonómico, por lo que ejercerá cuantas funciones se le atribuyen a la presente Ley.
El órgano fue creado a través de la disposición adicional primera de la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo, derogado con fecha de 1 de enero de 2016.