El Gobierno regional ha hecho este viernes una primera lectura de un decreto ley contra la situación de pobreza y exclusión social en que se encuentran el 40% de los extremeños, un texto que la próxima semana discutirá con los partidos políticos (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos) y será aprobado el viernes 25.
El decreto ley, que tendrá que ser luego convalidado por la Asamblea de Extremadura, contiene tres tipos de medidas principales: recuperar la sanidad universal para todos ya que los extranjeros sin papeles la perdieron; evitar este próximo invierno situaciones de pobreza energética y que la gente pase frío, además de conseguir que la renta básica se pague al día siguiente de concederla, y en tercer lugar asignación provisional de vivienda pública y ayuda económica para pagar su alquiler a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias.
Extremadura es según la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, una región “quebrada socialmente”, con más hogares en riesgo de pobreza y exclusión social que padecen 437.000 extremeños, el 40% de los hogares, 10,6 puntos por encima de la media nacional.
En pobreza infantil Extremadura presenta la mayor tasa de España con un 46%. “Este es y deber ser el problema primordial que tenemos que abordar, dar respuesta a quienes no puedan vivir dignamente, el Gobierno de Fernández Vara prioriza el rescate de las personas”.
Atención sanitaria continua
Por otro lado la portavoz de la Junta ha anunciado la reapertura en horario completo todo el día de nueve urgencias sanitarias rurales (Puntos de Atención Continuada, PACs), unas a primeros de octubre y otras a mediados, y a mediados de noviembre se estudiará la situación de otros ocho.
Los que reabren a horario completo en octubre son Quintana de la Serena, Madroñera, Jarandilla de la Vera, Zahínos, Valverde de Leganés, Arroyo de San Serván, Campillo de Llerena, Puebla del Maestre y Cilleros.