El Servicio Extremeño de Salud volverá al sistema de lotes para adjudicar el servicio de transporte sanitario terrestre cuando acabe en 2021 el contrato actual con la empresa Tenorio, a la que no se va a prorrogar según ha anunciado el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en un pleno de la Asamblea de Extremadura.
Ha comparecido este jueves para informar del seguimiento del contrato, y se ha encontrado con un PP que pide la rescisión inmediata del mismo ya que el servicio prestado es “indigno”, Ciudadanos se pronuncia de forma similar y pide soluciones, mientras que Unidas por Extremadura, aparte de reprochar el trato a los más de 1.000 trabajadores, ha propuesto que en el futuro sea un servicio público prestado directamente por la Junta.
Cristina Teniente, portavoz del PP, señala que actualmente es un servicio “indigno”, con 74 actas de de inspección de trabajo extendidas contra Tenorio, que estaría cometiendo “fraude fiscal y laboral”, con empleados que “llevan 15 y 18 años con contratos de prácticas”
Ha habido 100 trabajadores despedidos tras la oferta “temeraria” que presentó Tenorio para resultar adjudicataria, y que ha desembocado en el incumplimiento de los pliegos.
Para Joaquín Macías, de Unidas por Extremadura, los 27 millones de euros de diferencia que hubo en la licitación, Tenorio por debajo del consorcio extremeño de ambulancias, anterior adjudicatario, “ya auguraban esto”.
Penalizaciones, y no habrá prórroga
El vicepresidente de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha recordado que el anterior contrato no tenía cláusulas sociales, “silenciaba a los trabajadores, y sin embargo fue prorrogado por el PP hasta la extenuación, pese a informes en contrario”. Podemos tenía en su poder “denuncias de trabajadores de forma anónima, que tenían miedo, mientras hoy se manifiestan libremente”.
La contratación con Tenorio “fue ajustada a derecho, según dos sentencias judiciales”, frente a las sospechas de una comisión de investigación parlamentaria.
Un grupo de técnicos sanitarios, vinculados a la anterior empresa, añadía Vergeles, “querían que prevaricáramos y no adjudicáramos”.
No habrá prórroga a Tenorio, y “se han impuesto varias penalizaciones pero por cosas que no son causa de resolución; por demora en servicios no programados, por demora en vehículos de reserva, y por no reponer material usado en unidades medicalizadas. Y estamos trabajando en más”.
Dividido en lotes
El nuevo concurso será por lotes y “aprovecharemos la experiencia acumulada, con participación de todas las partes”
Vergeles ha echado en cara al PP, hablando de rescindir contratos públicos, que “ustedes rompieron la UTE de Cáceres, y ahora nos piden 28 millones de euros que vamos a tener que pagar los extremeños”.
En cuanto a hacer público el servicio, como propone Unidas Podemos-Extremeños, según el vicepresidente de la Junta legalmente solo se podría hacer con urgencias y emergencias, y la experiencia en ese sentido hecha en Baleares de momento está recurrida en los tribunales por la patronal española del sector: “Vamos a ver qué pasa”.