La consejera de Educación y Empleo de la Junta, Esther Gutiérrez Morán, ha apelado este miércoles al diálogo y al consenso con la comunidad educativa y con los agentes sociales para afrontar la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el pago del verano de 2012 a los profesores interinos, y que adelantó ayer eldiarioex
“Vamos a acatar la sentencia, pero tiene que haber un diálogo con los sindicatos para intentar llevarla a cabo y tomar un decisión conjunta en la que todas las partes estén de acuerdo y tomar decisiones sin equivocarnos”, ha asegurado Gutiérrez Morán, quien ha añadido que cuando se comete un fallo hay que dar la cara y buscar soluciones, según ha informado la Junta en un comunicado.
La sentencia rechaza el recurso de casación interpuesto por la Administración regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que da el visto bueno al derecho de ciertos docentes interinos a cobrar los meses de verano de 2012, aún sin haber trabajado los 280 días necesarios para a este derecho.
Gutiérrez Morán ha destacado que se trata de una sentencia parecida a otras con las que su departamento “se ha encontrado” y ha recalcado que la actual afecta “solo a un profesor”, por lo que para hacerla extensiva al resto “debería haber otros procesos con sus respectivas denuncias”.
En este sentido, ha indicado que hay 549 docentes que en el curso 2011/2012 trabajaron entre 165 y 279 días.
Cinco millones de euros
La Junta de Extremadura deberá hacer frente al abono de unos 5 millones de euros por la sentencia un fallo judicial que el sindicato PIDE amplía a entre 800 y 900 docentes extremeños.
El responsable del Sindicato del Profesorado (PIDE), José Manuel Chapado, ha lamentado que, “una vez más, tengan que ser los tribunales de Justicia los que enmienden la plana a las administraciones”, en este caso al anterior Gobierno extremeño del PP, que ya cifró en su momento en 4,9 millones de euros el ahorro que en 2012 iba a suponer la supresión del pago del verano a los maestros y profesores interinos, una medida a la que se opusieron entonces todos los sindicatos docentes.