La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) las bases reguladoras de las ayudas para el fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado protegido de trabajo.
El importe de la convocatoria asciende a 22 millones de euros, lo que supone un incremento de seis millones con respecto a la convocatoria anterior, según ha informado el Ejecutivo regional en una nota.
Estas bases reguladoras son el requisito previo, antes de publicar la convocatoria, que con arreglo a la legalidad vigente deben anunciarse en el plazo máximo de dos meses.
El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha explicado que con la publicación de estas las bases reguladoras se da respuesta a las demandas del Tercer Sector, que lleva esperando estas ayudas desde que el pasado marzo se firmara el Plan de Empleo y Discapacidad 2023-2024.
“Teníamos claro desde el principio que la puesta en marcha de estas ayudas era una prioridad para el Gobierno de María Guardiola, por lo que significa para Extremadura la creación y el mantenimiento del empleo en personas con discapacidad y su aportación al PIB regional”.
En este sentido, ha resaltado que el empleo generado en estos centros especiales contribuye “sustancialmente” a la producción y estabilización de puestos de trabajo entre mujeres y jóvenes“.
Como novedades se incorporan dos nuevos programas de ayudas destinados a las unidades de apoyo de los centros especiales de empleo (Programa III), dotada con un millón de euros, y a proyectos de inserción de personas con discapacidad en el mercado ordinario a través de los centros especiales de empleo (Programa IV), dotada con 100.000 euros.
En cuanto a los Programas I y II de anteriores convocatorias, que se refieren a las ayudas a proyectos generadores de empleo y a ayudas de mantenimiento de puestos de trabajo de personas trabajadoras con discapacidad, se destinarán 1,9 y 19 millones de euros, respectivamente.
Además, se incrementa la intensidad de las ayudas del Programa II, que en la anterior convocatoria era de un 50 por ciento máximo, pasando a una horquilla entre el 60 y el 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la nueva, dependiendo del grado de discapacidad.
Según la Junta, estas ayudas pueden beneficiar a los 170 centros especiales de empleo registrados en la región, que proporcionan empleo a 3.000 personas con discapacidad, y la previsión de nuevos contratos laborales indefinidos podría alcanzar el centenar.
Asimismo, se prevé la creación de 15 unidades de apoyo y, con arreglo al Programa IV, se prevé que puedan existir alrededor de 30 inserciones laborales en el mercado ordinario.