Este 25 de noviembre de 2023 ha sido el primer 25 de noviembre sin una declaración institucional en la Asamblea de Extremadura que condene la violencia machista contra las mujeres. Era algo más que previsible con la irrupción de la extrema derecha en la sede de la soberanía del pueblo extremeño. Una extrema derecha negacionista de la violencia machista que no sólo ha decidido no firmar estas declaraciones institucionales, sino que además, está boicoteando todos los actos de homenaje a las víctimas que estos días se están llevando a cabo a lo largo y ancho de nuestro país. Aquí se han ceñido a dar unas declaraciones minutos antes del acto hablando de violencia intrafamiliar y negando la violencia machista como es habitual en esta formación.
Es triste ver cómo se ha destruido el consenso que hasta hace poco había sobre este tema en la esfera política tan dada a anteponer el partidismo al bien común. Esta semana también hemos conocido cómo el PP en Cáceres ha aprobado una moción de Vox donde se habla del derecho al aborto como una medida eugenésica (un lenguaje más propio de la Alemania de Hitler que de una democracia donde el aborto es un derecho constitucional). En dicha moción hablan también de permitir que organizaciones provida entren en las aulas para explicar las secuelas del aborto a nuestros adolescentes. Quizás esto es a lo que se refería la señora Guardiola cuando hablaba de que ella defendía que la educación debía ser “neutral”.
Nuestras niñas y niños no necesitan que los chiringuitos de extrema derecha como ‘Red Madre’ o ‘Provida’ entren en las aulas a asustarles diciendo lo malo que es el aborto. Necesitan educación afectivo sexual reglada impartida por profesionales que evite embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y que garantice que las vidas sexuales sean plenas y consentidas, sin violencias ni abusos y también sin miedo a disfrutarlas.
Dicen los señores y las señoras del PP para disculparse que somos unas exageradas y que realmente es una moción para apoyar la natalidad pero la natalidad no se potencia dejando que los chiringuitos de extrema derecha antiabortistas entren en las aulas para asustar a nuestros adolescentes. La natalidad se fomenta abaratando el precio de los alquileres, poniendo coto a los alquileres turísticos, favoreciendo la emancipación de nuestros jóvenes, subiendo los salarios y garantizando la conciliación familiar, apostando por la implantación universal de la educación de 0 a 3 años en la escuela pública, potenciando el teletrabajo allí donde sea posible…
Se me ocurren decenas de medidas antes que favorecer embarazos entre adolescentes por sucumbir al adoctrinamiento ultracatólico de la extrema derecha. Decir que el gobierno extremeño está comprometido con la igualdad y el feminismo mientras se tiene sentado en el consejo de gobierno a los que niegan la violencia machista y presentan mociones infames como la de Cáceres es un juego de equilibrio difícil que suele caer en la hipocresía.
La violencia hacia las mujeres tiene muchas caras, algunas nuevas como la perpetrada a través de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, como pudimos conocer a través del sonado caso de Almendralejo. Discursos negacionistas en las instituciones alimentan conductas que se ven arropadas o envalentonadas para perpetrar la violencia machista.
Para seguir construyendo una sociedad feminista no sólo necesitamos hacer un cordón sanitario a los discursos de odio y negación de la violencia que viven las mujeres por el mero hecho de serlo, también necesitamos recursos y medidas claras.
Si la señora Guardiola realmente está a favor de la libertad de las mujeres y de la lucha por la igualdad haría bien en empezar por cumplir la ley 1/2023 de derechos sexuales y reproductivos donde se blinda el acceso al aborto en la sanidad pública, derecho que no se garantiza en Extremadura, ya que solo se puede ejercer este derecho sanitario en un centro privado en Badajoz. Garantizar derechos feministas y ampliarlos para que sean efectivos es la mejor vacuna contra el retroceso al que nos quieren condenar aquellos que nos consideran ciudadanas de segunda categoría.