Una jueza de Mérida tendrá que intentar recomponer un rompecabezas de responsabilidades económicas y tomar una complicada decisión sobre quiénes y en qué cuantía deben indemnizar a las víctimas personales (entre ellas dos fallecidos) y materiales (Renfe) del accidente ocurrido en Carmonita (Badajoz) hace 12 años y cuatro meses, cuando un tren y un camión de obras chocaron en la vía.
El juicio, celebrado esta semana y visto ya para sentencia, ha tardado esa friolera de tiempo en celebrarse, lo cual por una parte ha reducido la condena penal de los responsables pero incrementado desorbitadamente las indemnizaciones debido a los intereses por el tiempo transcurrido: de cuatro millones pueden pasar a 13.
La tardanza en el juicio sirve también para subrayar que las obras de alta velocidad en Extremadura, que ya estaban en marcha en septiembre de 2010, fecha del siniestro, son eternas y se contarán en el futuro no por años sino por décadas.
La responsabilidad civil y las indemnizaciones económicas derivadas del accidente, en el que murieron dos personas (una joven estudiante de 19 años que iba en el tren, y el joven, 25, conductor del camión de obras) y una decena resultaron heridas, quedarán fijadas finalmente por el Juzgado ante las diferencias de las partes.
Sin acuerdo económico
El juicio ha quedado visto para sentencia tras la segunda sesión de esta vista, celebrada este jueves en los juzgados de Mérida, y en la que las partes -Fiscalía, letrados de los fallecidos y heridos, empresas y aseguradoras- han puesto de relieve sus diferencias a la hora de establecer las correspondientes indemnizaciones.
Las responsabilidades están están repartidas entre Adif, promotora de las obras, y un sinfín de empresas de seguridad y construcción subcontratadas.
La “dilación indebida” del juicio, que se ha desarrollado más de 12 años después del accidente, ha servido como atenuante de las penas para los cuatro acusados -la parte penal se vio en la primera sesión-, pero supone un “incremento sustancial” para las cuantías económicas.
De los algo más de tres millones de euros se ha pasado a los cerca de 13 millones de euros, principalmente por las exigencias de Renfe a Adif, pues el tren resultó dañado tras impactar con el camión, un vehículo que estaba siendo utilizado en la infraestructura ferroviaria.
En el accidente falleció el conductor del camión y una viajera del tren, para cuyas familias se ha pedido -su representación legal- que sean indemnizadas con 150.000 y cerca de 130.000 euros, respectivamente, cifras a las que habrá que sumar las correspondientes a la decena de heridos.
En la primera sesión de la vista oral, celebrada este pasado lunes, el Ministerio Público, las acusaciones particulares y las defensas alcanzaron un acuerdo para rebajar a seis meses de cárcel y a entre 18 y 34 meses de inhabilitación profesional la condena para los 4 acusados por el accidente: el encargado del paso a nivel y tres responsables de seguridad.
Los acusados eran responsables de seguridad que tanto el Administrador de Infraestructuras (Adif), como las diferentes empresas responsables de las obras que trabajan en la misma, tenían designadas para llevar a cabo las labores de seguridad.
Ese acuerdo, sin embargo, se ha visto diluido a la hora de las cuantías a indemnizar, a las que deberán hacer frente las respectivas aseguradoras en función de las responsabilidades civiles subsidiarias que queden contempladas.