La Mesa Sectorial de Administración General y Comisión Negociadora del Personal Laboral, que ha abordado este lunes el primer borrador para la estabilización de plazas que ha presentado la Junta de Extremadura, ha finalizado sin acuerdo. No obstante, la directora general de Función Pública, Carmen Vicente, ha destacado al término de la reunión, en declaraciones a los periodistas, que se han producido “avances” para tener la oferta de plazas en el plazo previsto, antes del próximo 1 de junio.
La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, cuyo objetivo es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento, obliga a las administraciones autonómicas y locales a negociar los criterios para determinar las cuantía de las plazas. Esa norma establece dos modelos de procesos de estabilización. Uno a través de un concurso de méritos para las plazas ocupadas con anterioridad al 1 de enero de 2016, recogidas en las disposiciones adicionales sexta y ampliada por la octava.
Y el segundo, regulado por el artículo 2, dirigido a plazas ocupadas en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020, que se realizará por concurso-oposición y en el que la valoración de la fase de concurso de méritos tendrá un porcentaje muy ventajoso, del 40 %, según ha destacado Vicente.
La disposición sexta se refiere a plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de “forma ininterrumpida” con anterioridad al 1 de enero de 2016. Cuando la ley habla de “plazas ininterrumpidas”, ha explicado la directora general, obliga a fijar unos criterios porque hay algunas líneas que son “difusas”.
Vicente ha señalado que en esta reunión con CSIF, CCOO, UGT y SGTEX ha abordado esas líneas “difusas” que harán que se incremente o disminuya la oferta de estabilización, “fundamentalmente por la concurrencia de la disposición adicional sexta con la octava”, ha apuntado.
Esta disposición adicional octava se refiere “a las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016”.
Entre los avances que se han producido este lunes, Vicente ha informado de que se considerará como “plaza ininterrumpida” aquella que no haya estado ocupada, por un período máximo de tres meses, mientras se gestiona una nueva cobertura tras la marcha de un trabajador.
También se ha determinado en las plazas relativas a la disposición adicional sexta, a las que hay que adicionar las de la octava, que no se van a computar hasta el 31 de diciembre de 2020, sino hasta la fecha de entrada en vigor de la ley, es decir, el 30 de diciembre de 2021. Ambas cuestiones permitirán ampliar el número de plazas a incluir en el proceso de estabilización, según ha explicado la directora general.
Una vez cuantificadas las plazas de la disposiciones sexta y octava hay que unir las del concurso oposición estándar del 2021, ha indicado.
Vicente prevé dos reuniones más en este ámbito sectorial y otra de la Mesa General de la Función Pública para cerrar este asunto.