La acusación particular contra el alcalde de Villanueva de la Sierra (Cáceres), Felipe Jesús Saúl Calvo, ha pedido siete años de prisión y 15 de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación y coacciones en la última jornada del juicio por estos hechos.
La acusación también se dirige contra el concejal de Obras Juan Bautista Fernández, todo ello por construir un muro en una finca sin contar presuntamente con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).
La Fiscalía en sus conclusiones definitivas ha pedido seis meses de prisión.
El regidor y el edil de la localidad de la Sierra de Gata (ambos del PSOE) se han sentado este jueves pasado en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Cáceres.
Ambos han asegurado desconocer que necesitaran permiso de la CHT para la construcción de ese muro de calado de lluvias. “No considerábamos que hubiera que pedir permiso a nadie”, ha declarado el alcalde, ya que entiende que “lo que estábamos haciendo era un beneficio y la obra era mínima”.
Según el escrito de la Fiscalía, “el 18 de junio de 2020 ambos acusados ordenaron a los operarios del ayuntamiento la realización de la construcción de un muro a petición de una vecina, que solicitaba una solución para los destrozos que el agua pluvial causaba en su finca”. Tras la obra, fue otro vecino del municipio el que interpuso la denuncia, debido a que el muro obstaculizaba el acceso a su terreno.
Como ha quedado expuesto en el juicio, la fuga de agua por la que decidieron actuar los acusados afectaba a una finca propiedad de la esposa del concejal de Obras de la localidad. Así lo ha subrayado el abogado de la acusación particular Luis Miguel Parro, quien destaca que las dimensiones del muro (1 metro de altura y 15 de largo) impiden el acceso de su cliente a su terreno.
Parro ha explicado que la imputación del delito de coacciones deriva del hecho de haber instalado un muro justo en frente de la puerta de la finca del denunciante, “habida cuenta de que se le impedía el libre acceso a su finca”.
Tras el juicio, Parro se ha mostrado satisfecho de que “se han mantenido todas las acusaciones, tanto la nuestra como la del Ministerio Fiscal”, mientras que la abogada del regidor y el edil serragatinos ha pedido su libre absolución.
La acusación particular pide 3 años de prisión por un delito de coacciones más otros 4 por un delito de prevaricación. La Fiscalía Provincial, 6 meses de prisión por un delito previsto y penado en el artículo 172.1 del Código Penal. Además de las penas de prisión e inhabilitación también se ha solicitado una multa de 10.000 euros para el ayuntamiento.
En su escrito de calificación, el Ministerio Fiscal procede a acordar el sobreseimiento de la causa respecto de los hechos relativos a la presunta infracción urbanística, ya que no constituyen delito de prevaricación urbanística.