Con dos sentencias que fallaron a favor del derribo del complejo turístico cacereño Isla Valdecañas, ubicado en la Red Natura 2000, su ejecución sigue aún pendiente de un informe de la Estación Biológica de Doñana, dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que fue solicitado hace más de un año.
“Exclusivos apartamentos de uno a tres dormitorios en la mejor ubicación de la isla, con terrazas de 40 metros cuadrados orientadas al sur y magníficas vistas sobre el embalse de Valdecañas”.
Así se sigue anunciando en internet el macrocomplejo turístico construido en una isla del pantano de Valdecañas, como lo hacía antes del fallo judicial. Pero sobre esta construcción pesan dos sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de marzo de 2011 y otra del Tribunal Supremo de febrero de 2014, que declaran la nulidad del Proyecto de Interés Regional (PIR) aprobado por la Junta de Extremadura en el 2007 y que permitió la recalificación de los terrenos para la construcción.
Ambas sentencias obligan al Ejecutivo extremeño a demoler lo construido y a restituir los terrenos a su estado original. Ante esta situación, la Junta presentó ante el TSJEx un escrito en el que exponía la “inejecución de la sentencia” y entre los motivos que alegaba estaba el alto coste, unos 34 millones de euros sumando los gastos directos y el impacto sobre el empleo.
También lo justificó en que la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) sobre la que se construyó “tiene más vida y viven más aves ahora en ella que antes”.
Algo que niegan las organizaciones ecologistas Adenex y Ecologistas en Acción, que fueron quienes denunciaron el caso hace ya casi una década, y que aseguran que se ha “avasallado” un espacio que estaba “virgen y protegido”.
El TSJEx dictó en marzo de 2015 un auto en el que encargaba a la Estación Biológica de Doñana elaborar un informe para aclarar si efectivamente las aves han ganado en calidad de vida y si desde el punto de vista medioambiental es mejor mantenerlo o no. Del estudio aún no se sabe nada, según han informado a Efe fuentes del TSJEx.
Según la activista de Ecologistas en Acción Paca Blanco el encargado de elaborar el informe era el antiguo director de la estación, pero fue despedido y no saben quién está ahora.
“Parece que hay un interés por que el caso no avance y no se pueda desahuciar a los pobrecitos de las casas de lujo”, ironiza Blanco, que considera que “se está mareando la perdiz para no tirarlo como está ocurriendo con el hotel del Algarrobico” almeriense.
La activista asegura que por lo menos hay una decena de proyectos urbanísticos a la espera de que “no se cumpla la sentencia” en parajes naturales como el cacereño de la Garganta de los Infiernos, por lo que espera que la Isla de Valdecañas “sea un referente y no de pie a construcciones ilegales”.
La abogada de Adenex, María Ángeles López, considera que lo más preocupante del caso es que la no ejecución de la sentencia “supondría un retroceso democrático, porque las leyes están para cumplirlas”. A este respecto, ha señalado que en países como Estados Unidos “se cumple la ley y luego se cambia para que no vuelvan a ocurrir esos casos”.
Por ello, ha lamentado que tres semanas después del fallo del TSJEx de 2011 el Parlamento extremeño modificara la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio regional para permitir la urbanización en los espacios integrados en la Red Natura 2000, “es decir, para dar cobertura legal al complejo turístico”.
Ecologistas en Acción encargó un estudio multidisciplinar a varios colectivos sobre la forma de acabar con el complejo. El resultado es una alternativa basada en el desmantelamiento selectivo, la gestión de residuos, la evaluación de la huella ambiental y la reestructuración ecológica, más beneficioso para el medio ambiente, más barato y que generaría más empleo que la demolición planteada por la Junta de Extremadura.