El sindicato que encabeza acaba de ganar de nuevo las elecciones laborales en la Junta de Extremadura, en unos comicios en los que, en paralelo a otros órdenes sociales, algo empieza a moverse y los electores miran hacia otras formaciones alternativas, por lo que las más poderosas y establecidas acusan el golpe.
Benito Román Rosa, presidente regional de CSI-F, nació en 1974 en San Sebastián, ciudad a la que se trasladaron sus padres, emigrantes extremeños, para trabajar en una fundición. En su niñez volverían a Torreorgaz (Cáceres). Es maestro, en la especialidad de Educación Física, y ex jugador de fútbol del Cacereño en el que militó durante cuatro temporadas en la tercera división.
¿Porqué ustedes triunfan entre los empleados públicos y en particular entre los que ya son funcionarios, qué les distingue de otros?
Como en la mayoría de las cosas en la vida, no sólo hay una causa que explique el efecto. Los empleados públicos en general, y los funcionarios en particular, confían en CSI-F, entre otras razones porque es un sindicato profesional, independiente, que no está sometido a ideologías políticas, y sí a la promoción y defensa de los intereses de los trabajadores. Partimos de la premisa de no buscar el enfrentamiento o confrontación, sino el diálogo y el entendimiento.
Los empleados públicos reclaman unos representantes que conozcan sus problemas, inquietudes y preocupaciones laborales, y utilicen todos los mecanismos a su alcance para darles una solución.
¿Será posible mantener por mucho tiempo esa primera posición en la Administración autonómica?
CSI-F ha obtenido mayoría de votos, y por tanto de confianza, en las elecciones sindicales tanto en la Administración General como en Sanidad, y eso es algo que tenemos que agradecer a todos aquellos que han depositado su confianza en nosotros. Es más, gracias a los 45 delegados conseguidos en Administración General, los 37 de Sanidad y los 20 en Enseñanza (no hay que olvidar que CSI-F ganó en la provincia de Cáceres) somo el primer sindicato en el Gobierno de Extremadura.
Aún es pronto para extraer conclusiones del análisis de resultados, pero estamos muy satisfechos con los obtenidos en los tres sectores, demuestran que contamos con un amplio respaldo y confianza del los empleados públicos dependientes del Gobex.
No obstante, no podemos olvidar la coyuntura socioeconómica que atravesamos, que actúa como una “espada de Damocles” influyendo de forma determinante en todo proceso electoral, y que otorga cierta relevancia a los populismos, optando por lo alternativo como instrumento para manifestar el descontento popular.
Podemos es un huracán político, ¿también podría serlo en lo sindical si desembarca finalmente en ese campo?
Creo que nadie es ajeno al auge que está alcanzando la formación política Podemos.
Para poder trasladar esta corriente ideológica al ámbito sindical, y augurar las repercusiones que podría tener su incursión en dicho ámbito, debemos conocer las causas de del referido auge, que, sin duda, tiene, entre otras posible, una lectura clara, que no es otra que el descontento y rechazo que la sociedad muestra ante ciertos aspectos del actual sistema y ante la clase política tradicional.
Salvando las distancias, que las hay, entre lo político y lo sindical, la concurrencia de las mismas circunstancias en uno y otro ámbito podría tener, si no las mismas, sí consecuencias parecidas, todo ello en un contexto de descontento de los trabajadores con sus representantes sindicales.
¿CSIF es de centroderechas, o un sindicato que se encuentra más cómodo con gobernantes de ese pensamiento?
Que no le quepa ninguna duda que CSI-F es de los trabajadores. Un sindicato independiente en el que no tienen cabida ideologías políticas, cuyo único ideario es la promoción y defensa de los intereses de los trabajadores, y sobre esta línea, se siente cómodo con cualquier gobierno que se preocupe por el bienestar de los empleados públicos y que quiera contar con su colaboración para alcanzar este bienestar y, por extensión, en la medida de sus posibilidades, el de todos los extremeños.
Antaño una huelga de funcionarios, sobre todo de cuerpos tan importantes como los médicos y docentes, podía tumbar a un gobierno, ¿qué fue de aquel poder, sería posible ahora, o es que los altos cuerpos funcionariales en general han perdido combatitividad, o conseguido lo que querían y doblegado a la Administración?.
CSI-F es un sindicato independiente que no tiene entre sus objetivos derrocar gobiernos o eliminar a algunos de sus miembros, sino intentar llegar a acuerdos con éstos en pos del interés de los empleados públicos.
La huelgas deben ser el último recurso, y si es necesario recurrir a ellas en ningún caso será para tumbar gobiernos, sino como una medida de conflicto colectivo para hacer reflexionar y favorecer la consecución del algún o algunos objetivos.
Creo que los empleados públicos fueron, son y serán un colectivo que siempre reivindicará sus derechos laborales, cuando así sea necesario, desde el diálogo y el consenso y no desde el combate y el enfrentamiento, con el objeto de mantener la paz social y no de doblegar a un contrario que no existe. Y puedo asegurarle que para nada el de los empleados públicos es un colectivo con un sentimiento de pasividad y letargo. Baste recordar la huelga de los funcionarios de justicia de 2008 que duró dos meses y les supuso un duro quebranto económico a sus familias, pero consiguieron sus objetivos.
La ciudadanía sigue pensando que un empleado público es un privilegiado: trabajo y sueldo seguro, escasa tarea, horario fijo, ventajas sociales ¿Qué se puede replicar?
Como no puede ser de otro forma, todo es relativo, y depende del color del cristal con que se mire. Es decir, ante la situación económica que están viviendo muchos españoles, y siempre en términos comparativos, para algunos la posición de los empleados públicos puede llegar a considerarse cómoda, que no privilegiada, si tenemos en cuenta que disponen de unas retribuciones, mayores o menores según los casos, mensuales. Por desgracia hablamos de un privilegio en lugar de un derecho que corresponde a todos los trabajadores.
No obstante, el hecho que para algunos convierte a los empleados públicos en unos privilegiados, debe ser observado como una recompensa a muchos años de esfuerzo y sacrificio, tanto para la obtención de una titulación como para la superación de un extenuante, tanto en términos físicos como económicos, proceso selectivo.
En cualquier caso, es revelador que cuando más auge alcanza el erróneo convencimiento de que los empleados públicos son unos privilegiados es en épocas o periodos de crisis económica. Por lo tanto, no debemos buscar el enfrentamiento entre dos sectores, público y privado, que están condenados a entenderse y a trabajar de la mano para alcanzar los objetivos que a ambos interesan, siendo tan necesario es uno como otro.
Existen duplicidades y triplicidades administrativas, España es una maraña burocrática y la gente la paga con el funcionario, ¿cómo se podría solucionar?
Desde CSI-F siempre hemos defendido que en cuanto al número de empleados públicos en España, son todos los que están y están todos los que son, es decir, todos son imprescindibles para garantizar el estado de bienestar que merecen los ciudadanos españoles, estado que se alcanza a través de unos servicios públicos de calidad en materia de sanidad, educación, dependencia, etc.
En este sentido CSI-F siempre se ha mostrado conforme, y ha promovido, una reestructuración profunda, y muy meditada, de las Administraciones Públicas, con la participación de todos los sectores afectados, para que, permítanme el símil, cada ficha del ajedrez esté en su posición adecuada, evitando así las duplicidades.
Lo que debe quedar claro es, que son los gobiernos, bajo cuya dirección se encuentra la administración pública, y no los empleados públicos, los responsables de eliminar estas duplicidades así como de racionalizar la, tan indeseable para el ciudadano, burocracia, no culpando a los empleados públicos por ser éstos la imagen visible del entramado administrativo.
En la Administración extremeña hay no sólo un grupo empresarial público, GPEx, sino también empresas externas contratadas pero trabajando dentro de las instalaciones y con medios oficiales, ¿es necesario?
El recurso al sector público empresarial o al sector privado es una necesidad de toda Administración pública, pero que debe ser limitada a supuestos tasados y debidamente motivados por razones de eficacia o cuando no se disponga de los medios personales, materiales o financieros necesarios para alcanzar los objetivos pretendidos.
Para CSI-F, la defensa de los servicios públicos es un estandarte cuya posición estratégica debemos recuperar, estandarte que abandera un sistema de responsabilidad política en el que el sector público asume su deber para con la sociedad, poniéndose al frente de la ejecución de las políticas sociales. Y es que son las autoridades públicas las que les corresponde, no solo la delimitación de qué actividades son susceptibles de ser consideradas como servicios públicos, sino también proteger y garantizar su prestación.