El juicio contra tres acusados por de tráfico de drogas por el mayor alijo de cocaína efectuado en Extremadura, en noviembre de 2021, cuando la Policía Nacional intervino en una nave de Mérida 250 kilos de cocaína de gran pureza, se ha saldado con un acuerdo de conformidad que supondrá tres años y seis meses de prisión para el cabecilla de la trama, y cinco años para los otros dos procesados.
Estaba previsto que este miércoles se sentaran en el banquillo de la sede de la Audiencia de Badajoz en Mérida los acusados para los que la Fiscalía solicitaba penas de cárcel de 14 años en el caso del jefe del entramado criminal, y once años y ocho meses para los otros dos encausados, encargados de la recepción, el transporte y la distribución de la droga.
Todos estaban acusados de un delito de tráfico de drogas al que, finalmente, se ha aplicado el grado de tentativa, lo que “no es común en este tipo de procesos en el que hay implicada una cantidad considerable de cocaína”, ha señalado la abogada de uno de los acusados, Marta Mendoza.
Francisco Miranda, abogado de otro de los procesados, ha destacado que se trata de un buen acuerdo al reducir a cinco años la pena “tan exasperante que proponía el Ministerio Fiscal” de más de once años, y ha señalado que su defendido tiene la posibilidad de suspender la condena por su condición de toxicómano.
Para sus defendidos, los dos encargados del transporte, quienes ya habían cumplidos condenas de cinco y seis años por tráfico de drogas, la rebaja se ha establecido en cinco años por ser reincidentes.
Por su parte Ricardo Álvarez, el abogado del cabecilla de la trama, se ha mostrado satisfecho con el acuerdo pues “partíamos de una pena de 14 años que se ha quedado en tres y medio, lo que es bastante favorable”, pues su defendido no tenía antecedentes penales lo que ha posibilitado una rebaja más amplia.
No obstante, la Fiscalía mantiene para cada uno de ellos una multa de 61.270.000 euros.
Aviso desde Colombia
Las autoridades colombianas informaron en octubre de 2021 a las españolas que una organización radicada en ese país había acordado transportar una importante cantidad de sustancias estupefacientes a España.
La Fiscalía General de Colombia y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional española autorizaron la entrega vigilada de 250 paquetes de cocaína.
La sustancia estupefaciente llegó al aeropuerto Madrid-Barajas y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría General de la Policía Judicial obtuvo autorización para que seis funcionarios actuaran como agentes encubiertos.
Con la intermediación de estos agentes, se cerró la entrega con el cabecilla de la banda y, en el momento que los encargados del transporte procedían a cargar los paquetes en la nave de Mérida, se produjo la operación de la Policía Nacional para incautar la cocaína.
En ese momento también se les intervino 50.000 euros en metálico y 42 neumáticos destinados a figurar como carga aparente de la camioneta, que contaba con un habitáculo (caleta) especialmente diseñado para ocultar la droga, además de un vehículo lanzadera.
Posteriormente, a raíz de los seguimientos e investigaciones policiales, se registró una vivienda y un bar del cabecilla de la banda, en Gandía (Valencia), donde se encontraron numerosos teléfonos móviles, dinero en metálico y seis páginas de anotaciones manuscritas.