Ha sido un “error garrafal”, así ha definido el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, los contactos y reuniones que han mantenido con la junta militar golpista de Myanmar (antigua Birmania) los responsables de la Fundación Lumbini Garden, con su presidente José Manuel Vilanova a la cabeza, y la empresaria cacereña y miembro del patronato de esta fundación, Pilar Acosta, en un viaje realizado a este país asiático para recabar apoyos para el proyecto Gran Buda, con el que pretenden construir en Cáceres el que sería el mayor centro budista de occidente.
Tras las numerosas críticas y denuncias en medios de comunicación por parte de colectivos y partidos políticos por la reunión mantenida por los promotores del proyecto con la Junta Militar de Myanmar, gobierno que no está reconocido por la comunidad internacional, y sobre el que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España desaconseja tener contactos, el Ayuntamiento de Cáceres ha acordado en pleno convocar la comisión de seguimiento que se creó en su día, cuando fue presentado el proyecto del Gran Buda a la ciudad, con el objeto de procurar una mayor transparencia y un control de esta iniciativa.
Salaya, en respuesta a las preguntas formuladas por el Partido Popular y Unidas Podemos sobre los últimos movimientos de la Fundación Lumbini, enarbolando el nombre de Cáceres, ha señalado que está completamente de acuerdo con las críticas y ha manifestado que la reunión de los promotores del Gran Buda con el gobierno de Myanmar, acusado de crímenes de lesa humanidad, supone “un problema reputacional para la ciudad”.
Además, los promotores del proyecto también se habrían reunido con el monje budista Sitagu Sayadaw, principal líder religioso del país, al que se le sitúa cerca de los militares, y que habría amparado la violencia y los crímenes contra la población musulmana de Myanmar.
Salaya ha reconocido que hay muchas cosas que aclarar de este viaje, del que ya se sabía porque había sido publicado en algún periódico, pero del que se desconocía que se fueran a reunir con el gobierno golpista. Sí se tenía conocimiento, dijo, de que existían proyectos de colaboración con empresas birmanas y que incluso se había solicitado permiso para ello al gobierno anterior al golpe de estado, que dio el visto bueno.
El regidor cacereño asegura que la explicación que le han dado desde la fundación es que la reunión con la junta militar no estaba prevista, pero que, una vez allí, fueron convocados a una reunión.
En este sentido, ha afirmado que “yo no sé qué habría hecho si hubiera estado en Birmania y me hubiera convocado a una reunión la Junta militar, probablemente habría ido, no sé lo que habría hecho, ni lo sabré nunca porque nunca voy a estar en ese país mientras esté gobernado por la Junta militar, seguramente es la forma más fácil de que esas cosas no sucedan”.
Y es que, aunque los ayuntamientos no tienen competencias en política internacional, el Ayuntamiento de Cáceres “como no puede ser de otra forma - insiste el alcalde- condena el golpe militar, las violaciones de los Derechos Humanos, y rechaza el reconocimiento a la junta militar como gobierno legítimo de Birmania porque nuestra posición en este caso es la del Gobierno de España, que coincide con el de toda la comunidad internacional”.
En aras a la transparencia, el alcalde también ha indicado a los distintos portavoces políticos que, desde sus distintos grupos municipales, pueden pedir explicaciones sobre lo ocurrido a los promotores del proyecto, que pretenden construir, sobre 110 hectáreas del Cerro Arropé de Cáceres, a unos 7 kilómetros de la ciudad, un complejo budista que estaría coronado por una estatua de Buda de 47 metros recubierta de jadeíta, una piedra blanca similar al jade, y que sería donada por los propietarios de unas minas Myanmar, en la ciudad de Mandalay, antigua capital real de Birmania
La estatua ya contaría con la financiación para su construcción, cuya donación provendrá de una persona muy adinerada, en concreto, del ingeniero jefe que se encargará de diseñarla, que quiere dejar en este proyecto su legado personal.
Se prevé que el complejo cuente con templos budistas, espacios para embajadas y representación de países que profesan esta religión, una universidad y biblioteca de la paz y un hotel, entre otras muchas instalaciones.
En la comisión de seguimiento, además de analizar el proyecto real y sus fuentes de financiación, se abordarán también las cuestiones que preocupan a los principales grupos políticos como son la cesión del terreno y el uso que se va a hacer de él; el hecho de que parte del suelo se encuentre dentro de una zona protegida Zepa, y cómo se van a gestionar las redes de abastecimiento de agua y alumbrado para un complejo de tal envergadura.