El caso de Extremadura podría ser digno de estudio. La gestión de la tercera ola de la pandemia y el inicio del proceso de vacunación, principalmente en las residencias de mayores, han logrado una mejora sobresaliente de los datos epidemiológicos. Y ha sido a una velocidad vertiginosa.
En sólo 43 días, la región ha pasado de tener la incidencia acumulada más alta de España desde el inicio de la crisis sanitaria de la COVID-19 a ser la primera comunidad autónoma que alcanza el nivel de riesgo bajo tras registrar este jueves una incidencia acumulada a los 14 días de 49,45 casos por cien mil habitantes.
El 21 de enero, en plena tercera ola, el Ministerio de Sanidad notificó una incidencia en Extremadura de 1.467 casos, el doble que la media nacional. Desde entonces la tasa ha bajado de forma rápida y sostenida: el 16 de febrero marcó la incidencia más baja de la península (211 casos) y el 19 de febrero, algo menos de un mes después del pico de la tercera ola, pasó a un nivel de riesgo medio con una tasa de 139 casos por cien mil habitantes.
¿Cuál es la estrategia que ha seguido Extremadura? Desde el recrudecimiento de la tercera ola a principios de enero, la Junta de Extremadura impuso unas restricciones drásticas que fueron lo más parecido a un confinamiento: adelanto del toque de queda a las 22 horas, aislamiento perimetral de todos los municipios de la región y cierre completo de toda la actividad no esencial, es decir, tiendas, bares y restaurantes, gimnasios, escuelas de baile, celebración de actividades deportivas…
Desde el final del primer estado de alarma, en Extremadura no se habían ordenado medidas de este calibre. De hecho, los grupos políticos de la oposición acusaron al Gobierno socialista de tener una actitud laxa en la gestión de la segunda ola del coronavirus al, por ejemplo, mantener abierta la comunidad durante los puentes de finales de año. Eso unido a una desescalada rápida propició un incremento de los contagios en las semanas previas a Navidad y el inicio en Extremadura de la tercera ola.
La portavoz del Gobierno extremeño, Isabel Gil Rosiña, rechaza hablar de “milagro”. “Cada uno ha hecho lo que tenía que hacer, un gobierno que ha adoptado medidas muy duras y restrictivas de movilidad y que afectaba a sectores muy importantes, y la responsabilidad de los ciudadanos”, ha explicado.
El consejero de Sanidad, José María Vergeles, apunta, además a otro ingrediente más en la gestión de la tercera ola: el rastreo de casos y el número de pruebas diagnósticas realizadas. Extremadura realizó en enero más de 192.000 PCR y test de antígenos, la mayor cifra mensual de toda la pandemia. Se alcanzaron las 4.661 pruebas por cada cien mil habitantes, el promedio más alto del país.
Se realizan test para detectar el virus a los contactos estrechos y a cualquier persona que presentara síntomas compatibles con la infección. “Hemos ido a la búsqueda del virus en lugar de esperar que nos encuentre”. Esta ha sido una frase repetida por el titular de Sanidad en sus comparecencias semanales para explicar la evolución de la pandemia en Extremadura.
No obstante, nadie duda de que el inicio de la vacunación contra la COVID-19 en los centros residenciales se ha notado en los indicadores de la comunidad. Hace un mes que no hay brotes en las residencias de mayores, donde los contagios entre usuarios han caído un 99,2% en 30 días y han desaparecido por completo entre los trabajadores de estos centros. Además, hace más de una semana que no se registran muertes por la infección en la red asistencial de la región.
Vergeles asegura que el Ministerio de Sanidad se ha interesado por el caso de Extremadura en las reuniones bilaterales que se mantienen entre ambas Administraciones. Además, la comunidad ha solicitado a la Sociedad Española de Epidemiología una evaluación externa por parte de expertos independientes para analizar las medidas restrictivas que se pusieron en marcha a lo largo de la tercera ola y los resultados que se han obtenido. A juicio del consejero, podrían obtenerse evidencias científicas para el futuro.
Tras tres olas, la última la más virulenta en cuanto a cifra de contagios, muertes y la que ha puesto en jaque el sistema sanitario extremeño, se han aprendido algunas lecciones. La primera es rechazar el término desescalada y hablar de flexibilización de medidas. La apertura de tiendas, bares y gimnasios se ha realizado a cámara lenta y las consecuencias de cada decisión se ha evaluado con, al menos, 14 días, es decir, un periodo de incubación del virus.
Otro cambio importante tiene que ver con el uso de la mascarilla, que ahora es obligatoria en la hostelería, aunque sea en el exterior, al igual que en los gimnasios.
Pero quizás el cambio más destacable tiene que ver con la movilidad. Extremadura es partidaria del cierre de las comunidades autónomas de cara a la Semana Santa, algo que no ordenó ni en el Puente del Pilar ni en Los Santos, al entender que era muy difícil controlar las entradas y salidas a la región.
También ahora, tras los buenos resultados de los cribados masivos en enero y febrero, Extremadura ha propuesta “adelantarse al virus y no esperarlo”, según el consejero de Sanidad, de cara a Semana Santa, por lo que se realizarán pruebas PCR y test de antígenos los días anteriores y posteriores a esa fecha “y solo será necesario presentar la tarjeta sanitaria para hacérselos”.
A pesar del optimismo al que invitan las cifras de Extremadura, José María Vergeles ha advertido de la ralentización en la caída de la incidencia en la región y en otras comunidades autónomas. Es posible que no se consiga bajar mucho más la incidencia acumulada, “pero ahora el objetivo debe ser mantener el nivel bajo de riesgo”.
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