El caso Madeja, por presunto soborno de funcionarios extremeños y otras regiones, se desinfla por prescripción del delito

La Audiencia Nacional ha empezado el macrojuicio del caso Madeja, una supuesta trama de sobornos a funcionarios a cambio de obra pública, con la absolución de 12 acusados tras serles retirada la acusación por haber prescrito el delito, y el anuncio de numerosos acuerdos de conformidad entre la Fiscalía y la gran mayoría de implicados. 

Treintena y seis acusados se sentaban en el banquillo en el segundo juicio de una macrocausa que nació en Sevilla y acabó en 2015 en la Audiencia Nacional, y que gira en torno a la empresa Fitonovo, que presuntamente creó una infraestructura para obtener contratos públicos irregulares y que tenía una contabilidad paralela para financiar sobornos a funcionarios en distintas administraciones, sobre todo de Andalucía, Canarias y Extremadura. 

Pero, a medida que avanzó la primera jornada del juicio días atrás, hasta una docena de acusados han ido abandonando la sala, mientras se oía algún “enhorabuena” de fondo, tras anunciar el tribunal que su “sentencia será necesariamente absolutoria” después de que la Fiscalía haya reconocido que los hechos por los que se les acusaba están prescritos y la Abogacía haya retirado el delito de prevaricación a dos de ellos. 

De esta forma, el paso del tiempo desde que ocurrieran las “prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013)” que se juzgan en este proceso -relativo a la pieza 6 y principal de la macrocausa- ha hecho que en algunos casos delitos como cohecho o falsedad hayan prescrito, obligando así a dictar sentencia absolutoria, según ha admitido el fiscal. 

Entre esos doce futuros absueltos se encuentra Pilar Baro, la pareja de quien fuese dueño de Fitonovo, a quien el fiscal ha retirado la acusación por blanqueo por la que pedía 4 años de prisión. 

De los veinticuatro acusados que han quedado en el banquillo, la gran mayoría han llegado a un acuerdo con la Fiscalía con el que han reconocido los hechos y han visto reducidas notablemente sus peticiones de condena. 

Es el caso de dos de los principales encausados -quien fuera dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, y su hijo José Antonio González Baro-, para quienes el fiscal pedía 19 años y medio de prisión, y que han acabado aceptando dos años y cuatro meses y dos años y medio, respectivamente. 

También los exdirectivos de la empresa Juan Andrés Brugeras y Ángel Manuel Macedo, a quienes el fiscal ha rebajado su petición de 19 años y medio a 2 años y medio y 1 año y 7 meses, respectivamente. 

Devolución del dinero

Según cada caso, la Fiscalía ha tenido en cuenta la concurrencia de atenuantes como confesión, dilaciones indebidas o reparación del daño (han devuelto el dinero) y también se ha pronunciado a favor de que se acaben suspendiendo las futuras condenas, siempre y cuando los acusados no tengan antecedentes penales. 

La Abogacía del Estado se suma en algunos términos a estos acuerdos, si bien ha anunciado que no será hasta la recta final del juicio cuando concrete posibles rebajas en sus peticiones para otros encausados a quienes atribuye un delito de fraude. 

Tras el trámite de las cuestiones previas, todos los acusados que han suscrito un acuerdo con la Fiscalía han ido ratificándolo y reconociendo los hechos ante el tribunal, que esta semana va a interrogar al resto. 

Fitonovo, según el fiscal, tenía “en nómina” a multitud de funcionarios, que habrían recibido contraprestaciones sustanciosas por la adjudicación de contratos públicos, y disponía de una caja B que se nutría de facturación falsa de empresas proveedoras. Así “registraban esas operaciones en la contabilidad oficial aparentando compras de suministros o de servicios para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”.