El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal interrogará a partir de la próxima semana a una treintena de investigados por su presunta vinculación con la red desarticulada en la llamada operación secreto, cuya base de operaciones estaba en un hotel de Miajadas (Cáceres) y que estafó más de 12 millones de euros mediante un fraude con tarjetas de entidades bancarias de Estados Unidos.
Por esta estafa, permanecen en prisión tres presuntos cabecillas de la red tras haber quedado en libertad con fianzas otra decena de imputados que fueron detenidos a lo largo del año en que se ha extendido esta investigación y durante el que se han producido más de un centenar de arrestos, han informado fuentes jurídicas.
Ahora, una vez levantado el secreto de esta causa el pasado enero, el magistrado ha citado entre el 8 y 17 de febrero a esa treintena de investigados, entre los que figuran propietarios de los supuestos comercios “conniventes” con la trama, algunos de los cuales alegan haber sido engañados por los integrantes de esta red.
Ese es el caso de una farmacéutica de Badajoz que, según afirma su abogado, Javier de la Heras Dargel, en una nota de prensa remitida a la agencia Efe, debería ser más bien considerada víctima de esta organización, lo que tratará de demostrar a través de un escrito en el que pedirá el archivo de las actuaciones para su clienta.
Juzgado de Badajoz
Un Juzgado de Instrucción de Badajoz abrió esta investigación en diciembre de 2019, al conocer, a través del servicio secreto de Estados Unidos -de ahí el nombre de la operación policial- y de una denuncia del banco americano Synovus Bank, la existencia de una organización criminal compuesta por individuos de nacionalidad griega y española, que tenía en España su “epicentro operacional”.
Al constatar el carácter internacional de la trama y que se extendía a otras comunidades autónomas, el juzgado se inhibió en favor de la Audiencia Nacional el pasado mes de julio.
La causa se ha mantenido bajo secreto hasta la detención en enero de dos de los cabecillas que, según uno de los autos de la causa contribuían “a enriquecer ilícitamente las cuentas bancarias de las mercantiles americanas” para dar apariencia de tener una actividad legal y estabilidad temporal.
Y es que la red operaba de esta forma: por un lado, una serie de investigados daban de alta empresas en EE. UU. para abrir cuentas en bancos americanos.
Después esperaban unos seis meses y en ese tiempo recibían “dinero de otros miembros de la organización” desde las cuentas que tenían en España, Dinamarca, Grecia o Alemania.
A continuación movían esos fondos entre las cuentas de sus empresas en EE. UU. y Europa “para aparentar solvencia y actividad empresarial” y después pedían tarjetas “con el máximo crédito” bajo el pretexto de que tenían que viajar a Europa y necesitaban “dinero disponible”,
Ante la creencia de que esas cuentas era “legítimas” que las empresas titulares tenían “una actividad comercial aparentemente normal con operativa internacional”, los bancos se las concedían.
En el momento que conseguían las tarjetas se las hacían llegar a otros miembros de la red en España y Alemania, donde se ha detectado una ramificación de la trama y donde un testigo señaló que le ofrecieron 20.000 euros por permitir pasar esas tarjetas en el datáfono o terminal de punto de venta (TPV) de su comercio.
Metodología que emplean también en España, usando TPV de comercios que ellos mismos dan de alta, además de usarlas en comercios de terceras personas a cambio de una comisión, según sospecha la Policía.
Tras pasar las tarjetas con importes que podían rondar los 50.000 euros en unas horas, aprovechaban “el desfase de autorización de las transacciones para recuperar el saldo y seguir reinvirtiéndolo”, “conocedores de que los bancos americanos retienen el dinero de las transferencias internacionales entre cuatro y siete días y los bancos españoles no aceptan el pago hasta casi treinta días después”.
De este modo, cuando el banco americano observa que a la semana siguiente de que se haya producido el cargo en España éste no ha sido autorizado, “devuelve el dinero a la cuenta de su cliente pensando que la transacción no se ha materializado”.
Se produce así un descubierto en la cuenta bancaria del titular de la tarjeta “originando un perjuicio económico en la entidad bancaria americana, ya que no pueden reclamar el dinero al titular” porque en ese momento ya ha abandonado el país.
La investigación ha permitido descubrir 126 comercios presuntamente conniventes con esta trama en Almería, Barcelona, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Jaén, Madrid, Málaga, Toledo y Valencia.