Las nuevas residencias serán más pequeñas, con más habitaciones individuales y estarán situadas en ciudades o bien comunicadas si se ubican en zonas no urbanas. Más allá de impedir la construcción de residencias de más de 120 plazas, el nuevo modelo fija las pautas de un sistema de cuidados más personalizados y adaptados a las preferencias de los mayores o de las personas con dependencia.
Para lograr el ajustado acuerdo alcanzado este martes entre Gobierno y comunidades, se han incluido algunos cambios respecto a la propuesta de Derechos Sociales, como rebajar al 80 % -y no a todas- las residencias ya construidas que deberán crear unidades de convivencia de menos de 15 personas.
Además, otras novedades son que los centros de más de 30 plazas deberán tener un profesional de enlace para coordinar la atención sociosanitaria, un plazo máximo de 9 meses para aprobar las normas que den cumplimiento al acuerdo y que haya un mínimo de 80 % de contratos indefinidos y un 66 % de contratos a tiempo completo (50 % en caso de la ayuda a domicilio).
- Los mayores deciden y hacen su plan
Cada persona tendrá un plan personal de atención con la planificación y el seguimiento de los apoyos que recibe para el disfrute de su proyecto y estilo de vida. El documento recogerá las preferencias y la voluntad de la persona respecto a cómo quiere vivir y podrá incluir testamento vital o instrucciones previas de atención para cuando se acerca el final de la vida.
La familia y personas allegadas podrán colaborar en los cuidados y tendrán comunicación con el profesional de referencia que garantice un seguimiento de su estado.
- Centros más pequeños y en zonas urbanas
Las nuevas residencias no podrán tener más de 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas, de 90 en zonas de densidad intermedia y de 120 plazas en las ciudades.
Se introduce la novedad respecto a la propuesta del Gobierno de que en zonas rurales y “por circunstancias excepcionales de viabilidad económica” puedan alcanzar las 120 plazas.
Los que ya existen, al menos el 80 % deberán organizarse en unidades de convivencia con ambiente de un hogar de menos de 15 personas, atendidos de manera personalizada con los apoyos que precisan para el desarrollo de su vida cotidiana.
Estarán ubicadas en suelo urbano y los centros rurales garantizar el transporte público o medios de transporte propios.
- Dos de cada tres habitaciones individuales
Los nuevos centros dispondrán de, al menos, el 65 % de las plazas públicas en habitaciones de uso individual.
Los ya construidos o en fase de construcción dispondrán, al menos, de un 10 % de las plazas públicas en individuales en zonas rurales y del 25 % en ciudades.
- Sin sujeciones
Todas las personas tienen derecho a recibir una atención libre de sujeciones (físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas) y también de coerciones.
Las residencias y los centros de día deben tener un compromiso formal de no usarlas en un plan que recoja esa supresión total antes de tres años para su implantación.
Serán de carácter excepcional y temporal, y tras el fracaso de otras medidas, y deberán contar con un protocolo para casos de urgente necesidad y se harán con supervisión facultativa, consentimiento informado y valoración de necesidad de comunicación al Fiscal.
- Centros de día próximos y atención en casa
Los centros de día deberán estar ubicados cerca de la residencia habitual para facilitar la permanencia en su entorno habitual.
El servicio de ayuda a domicilio se adaptará a los horarios, rutinas, días de la semana y tipología de las tareas que elija el usuario y se prestará con equipos atiendan en el mismo área a otras personas, con la coordinación de profesionales de referencia de servicios sociales y sanitarios.
- Acreditaciones profesionales: directores universitarios
Detalla los requisitos de cualificación que deberán cumplir los trabajadores y eleva la ratio por residentes.
Por ejemplo, los nuevos directores deberán tener titulación universitaria y formación especializada, los que ya ejercían ese cargo sin esa formación, acreditar cinco años de experiencia en el sector.
El acuerdo prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la habilitación provisional de los trabajadoras sin haber alcanzado los requisitos, pero con el compromiso de realizar la formación para garantizar la estabilidad del empleo.
- Coordinación sociosanitaria
El Sistema Nacional de Salud debe garantizar el mismo acceso a los dependientes y mayores que al resto de la población, independientemente de que residan en domicilios particulares o colectivos. Las administraciones deben garantizar la coordinación entre el ámbito social y sanitario.