Días atrás dirigentes del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura tuvieron una reunión con el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José Mª Vergeles Blanca y la directora general de Políticas Sociales e Infancia y Familia, Carmen Núñez Cumplido.
En esta reunión expusieron necesidades detectadas en los ámbitos de protección y reforma de menores y diversidad funcional y dependencia.
Los acuerdos a los que se llegaron según el Colegio fueron los siguientes:
La Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia se pondrá en contacto con ellos para la actualización del Decreto 139/2002, de 8 de Octubre, por el que se regula la organización y el funcionamiento de los centros de acogida de menores dependientes de la Consejería de Bienestar Social. “Una vez recibamos esta comunicación, desde el Colegio Profesional nos pondríamos en contacto con los diferentes centros de protección de menores y en colaboración con la dirección general, se haría un grupo de trabajo”.
En cuanto a la modificación del Decreto que regula el Centro para el Cumplimiento de Medidas Judiciales “Vicente Marcelo Nessi”, (Decreto 181/2010, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto de Organización y Funcionamiento de los Centros para la ejecución de medidas privativas de libertad de menores infractores de la Comunidad Autónoma de Extremadura), la Dirección General tiene que investigar sobre cómo se debería proceder al respecto. Una vez se ponga en marcha, “contaríamos con el personal educativo del mismo para dicha actualización”.
Como Colegio Profesional “una vez terminemos de revisar las funciones del personal educativo en residencias, nos gustaría ponernos asimismo con nuestros compañeros/as que trabajan en protección y reforma de menores, para después elevarlo a la administración autonómica con el propósito de que tenga rango de instrucción u orden. El Consejero ve acertado que hagamos dicha labor pues es una de nuestras obligaciones como colegio, y así es, sin embargo, en cuanto reciban dicho texto, ya verían ellos como proceder al respecto”, afirman los educadores en un escrito.
En relación a los programas de atención a familias, la directora general “nos confirmó que los mismos se van a reforzar aunque no nos puede concretar fecha. Nosotros le explicamos que el abanico es demasiado amplio al igual que la documentación a rellenar por expediente. Ella está de acuerdo y por lo mismo insiste en ese refuerzo que llegará, porque al igual que se están fortaleciendo los Servicios Sociales de Atención Básica, es también crucial en los Programas de Atención a Familias. El hecho de tener estos dos servicios consolidados, implicaría garantizar una actuación eficaz desde el primer escalón de los servicios sociales.
Revisar las funciones
A la petición de revisar las funciones de los diferentes profesionales, la directora general se compromete a revisarlas según el Colegio, “ya que toda mejora es buena, incluso sacarlas del decreto e introducirlas en unas ‘Guías comunes de intervención’ que se elaborarían junto a los colegios profesionales implicados. Desde nuestro Colegio Profesional lo haríamos contando con las propuestas de los/as educadores/as sociales que trabajan actualmente en los programas de atención a familias, una vez dicho compromiso se ponga en marcha. Incluso alguno/a debería estar presente, junto a nosotros, en esas reuniones de trabajo”.
Desde el conocimiento de la modificación de la normativa en materia de adopción y acogimiento familiar por parte de la Junta de Extremadura, “nuestro Colegio Profesional ha expresado su más absoluta colaboración en todo lo que sea necesario para visibilizar y promover el acogimiento familiar en Extremadura.”
En protección de menores, prosiguen, “el trabajo que se realiza siempre es en pro del interés del niño o niña y siempre evitando la separación de su familia. Pero también es cierto, que tras muchos intentos fallidos de mejorar la situación de vulnerabilidad social en la familia, cuesta mucho dar el paso de decidir acerca de la separación del infante. Cada vez son más los niños/as que llegan a centros de protección de menores con edades más avanzadas, con expedientes de protección abiertos durante muchos años, con problemas de conducta, consumo de sustancias psicoactivas... Por ello desde nuestra entidad, consideramos imprescindible que se reduzca el tiempo de tramitación de los expedientes de protección de menores, una vez se cerciore que la situación familiar no mejora tras varios intentos, con el fin de evitar a los niños y niñas vivencias inadecuadas y separaciones traumáticas. Desde la Dirección General es consciente de esta realidad que le exponemos, y sí es cierto que hay que trabajar en ello”.
En relación a la reforma del Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura (M.A.D.E.X.), y en la que “tras nuestra petición de estar presentes en dicha revisión debido al trabajo que realizan nuestros profesionales en este área, el Consejero nos informa que se está llevando a cabo sólo con las entidades que desarrollan su labor en este ámbito, sin embargo, nos propone que le remitamos tanto a él como a la Directora Gerente del SEPAD, un escrito con nuestras propuestas de mejoras. Serán igualmente revisadas y evaluadas”.
Tanto el Consejero como la Directora General, “están de acuerdo en la necesidad de que haya un equipo multidisciplinar más amplio en el trabajo con personas mayores y/o dependientes, porque la promoción de la autonomía personal es tan necesaria como la sanitaria”.
También “se buscarán fórmulas para que los niños/as con problemas de consumo hagan un tratamiento ambulatorio en un entorno más adecuado y se pueda encontrar la forma de que los mismos, una vez falle el tratamiento ambulatorio, tengan la posibilidad de internamiento terapéutico voluntario en un dispositivo público”.
Este colectivo profesional ha agradecido tanto al consejero de Sanidad y Políticas Sociales como a la Directora General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, su “disponibilidad para la búsqueda en común de fórmulas de mejora”.