La comisión tutelar de adultos gestiona 700 expedientes “y no se aparta a nadie”

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha revelado sobre la salud mental que la Comisión Tutelar de Adultos gestiona 700 expedientes, que la enfermedad mental y la discapacidad intelectual son los mayores motivos de incapacitación judicial pero que no se “aparta” a los afectados de la sociedad.

El consejero ha inaugurado este pasado viernes en Mérida la Jornada “Tutela e incapacidad en salud mental”, organizada por el Grupo 5 de Salud Mental y Discapacidad, cuyo director, Alejandro Arribas, le ha acompañado.

Vergeles ha explicado que el debate es “muy interesante”, que se pretende establecer “entre la tutela y las personas que tienen trastornos de salud mental”

Un debate “muy importante” para las personas tuteladas en la Comisión Tutelar de Adultos de la Comunidad Autónoma ya que el 75 por ciento lo son por razones de salud mental.

En estos momentos hay cerca de 700 expedientes gestionados y las enfermedades intelectuales y la discapacidad intelectuales “son los que más se suelen incapacitar judicialmente a las personas” que están afectadas.

Que la incapacidad legal no esté mal vista

Ha abogado por que haya un debate entre la tutela y la enfermedad mental, a lo que agregado que desde 2005 tutelar a una persona no es “apartarlo ni dejarlo sin ninguna competencia” ya que son “sujetos de pleno derecho y, como tales, hay que desterrar el hecho de que la incapacidad esté mal vista socialmente”.

Ha agregado que es preciso que la Justicia garantice que las condiciones de las personas incapacitadas para realizar sus funciones, que puede ser la Comisión Tutelar de Adultos o sus familias.

También ha señalado que, según este Comisión, el dato es mayor que el de las curatelas, que consiste en ayudar a las personas a hacer determinadas funciones como hacer uso de sus recursos económicos.

Ante los “retos de futuro”, ha explicado que en el tercer Plan de Salud Mental aprobado recientemente no “se incapacite menos a la gente”, que la Administración de Justicia esté coordinada más con la Junta y que haya una distribución por zonas “a futuro” para determinar a los afectados.

Por su parte, Arribas ha señalado que trabajan para “gestionar y apoyar” para que los centros ofrezcan la mejor atención y que los afectados tengan “la mayor autonomía e independencia” en sus vidas, todo con recursos como los de los centros de Día, de diversos cursos y sociocomunitarios y de orientación laboral.

En concreto, hay unos 40 usuarios en el centro de Plasencia (Cáceres) y cerca de 50 en el de Mérida.

Se trata con foros como el de hoy de Mérida de “valorar y aportar experiencias” dentro de una fase de reflexión.