La CONCAPA y la educación concertada
En estos días, y en el fragor del debate en torno a los presupuestos, vuelve la CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Alumnos) a defender su modelo de escuela concertada. Una vez se ha salido con la suya en el asunto de la religión (obligando a aumentar las horas de una optativa que se oferta, obligatoriamente, de 0 a 18 años, y que tiene más horas que ninguna), y una vez ha sembrado la alarma en torno a la enseñanza de religión islámica (clamando para que no se oferte en los colegios católicos), se empeña ahora en atacar la propuesta, defendida por Podemos Extremadura, de disminuir paulatinamente los conciertos (el dinero público con que se financian las escuelas privadas) en la misma y lógica medida en que desciende la población escolar y dichos conciertos no son ya necesarios.
El presidente de CONCAPA EXTREMADURA firmaba a este respecto, hace unos días, una vehemente nota de prensa en la que invitaba a los grupos políticos a oponerse al recorte presupuestario de los conciertos con argumentos de tipo laboral y otros en los que se invocaban, con mucha indignación, pero pocos razonamientos, ciertos valores y principios constitucionales.
En lo que respecta al asunto laboral, el presidente de CONCAPA tiene, desde luego, motivos para preocuparse. Si se van reduciendo las subvenciones a colegios privados, dichas empresas o sociedades pueden verse impelidas a hacer reformas o, en el peor de los casos, a perder aulas y puestos de trabajo. Este asunto tiene, no obstante, solución (asociaciones de profesores de la concertada, como ADECEX, llevan defendiendo desde hace años planes de homologación para reintegrar a trabajadores y centros en la red pública) y, en cualquier caso, no puede estar lastrando medidas que, a medio plazo, son, simplemente, inevitables, como la de reducir conciertos en la misma medida en que ya no son necesarios, porque cada vez hay menos niños y más aulas públicas.
Esto último no convence, sin embargo, a la CONCAPA, que aduce dos argumentos, según ellos, incontestables. El primero es el carácter – dicen – no “subsidiario”, sino “complementario”, de la educación concertada, esto es, la idea de que los conciertos no son una simple medida política coyuntural diseñada para garantizar el derecho a la educación a una población escolar mucho mayor que la de ahora y en un momento en que la educación pública, por motivos históricos, aún no podía cubrir esa demanda, sino que – según ellos – es mucho más que eso: es una característica estructural de nuestro sistema educativo, en el que, según afirman, han de existir dos redes educativas públicas: la propiamente pública y la privada pagada con dinero público (es decir, la concertada).
Ahora bien, todo esto es falso o, cuando menos, discutible. Los conciertos educativos fueron, en efecto y en su origen, medidas puramente coyunturales, y el reconocimiento a su carácter estructural o permanente (algo que prácticamente no ocurre en ningún otro país de nuestro entorno) no tiene respaldo explícito en ninguna ley o principio constitucional.
El argumento de CONCAPA es, sin embargo, que sí, que tal respaldo constitucional existe, aun cuando no sea explícito, ya que, según interpretan ellos, el presunto carácter complementario de la educación concertada (“un país, dos sistemas”) es la única garantía posible del pluralismo educativo y de la libertad de los padres a escoger la formación moral y religiosa de sus hijos, cosas que si exige la Constitución española en su famoso artículo 27. Ahora bien: ¿Es legítima o razonable la interpretación que propone acerca de todo esto la CONCAPA? Veamos.
En primer lugar, quién crea que la existencia de una red privada-concertada es garantía de pluralidad educativa no conoce la educación concertada de este país, o entiende “pluralidad” de un modo, creo yo, muy extraño. La inmensa mayoría de los colegios concertados son católicos, y en la mayor parte de esa mayoría se presume de rigor doctrinal y pedagógico, es decir, de una singularidad ideológica y educativa que excluye, por principio, todo ese pluralismo que se defiende luego en las notas y las ruedas de prensa. Buena parte de los colegios concertados – hablemos claro – son nichos ideológicos, cuando no, además, elitistas, que evitan en todo lo que pueden las materias comprometidas (como las alternativas a la religión) o a los alumnos inmigrantes o de entornos sociales conflictivos, y que (como se ha visto últimamente) se niegan a que se oferte formación religiosa no católica en sus aulas. ¿Donde está, pues, el pluralismo (ideológico, social, religioso...) que supuestamente proporcionan tales centros al sistema educativo del país?
Obviamente, la respuesta (no siempre confesa) es que de lo que se trata no es de pluralismo en la educación de los niños, sino más bien en la elección de los padres, de manera que estos puedan escoger libremente en qué credos e ideologías (en muchos casos poco o nada plurales) educan a sus hijos (respuesta esta que nunca he logrado entender, sobre todo cuando escucho a esos mismos padres de la CONCAPA objetar contra la materia de Educación para la ciudadania en nombre de la debida y supuesta neutralidad moral de la escuela – se ve que esta neutralidad solo se la exigen a los que, según ellos, representan doctrinas alternativas a la suya –).
Pues, a ver: si la CONCAPA defiende, como hace en sus manifiestos, los principios de “diversidad, pluralidad, tolerancia y equidad” en la enseñanza, todo el mundo debería entender que defiende todo eso “para” los alumnos y los centros, especialmente los privados concertados, que se ocupan de su educación. Y nadie podría entender, a cambio, que en esos centros privados concertados se exhibiera sin pudor (y sin alternativa) una determinada ortodoxia religiosa o ideológica, que en ellos no se admitieran alumnos musulmanes (con el argumento de que ofertar formación islámica rompe la uniformidad ideológica del colegio) o que en algunos de esos centros, incluso, se segregara a los alumnos por su sexo. ¿Qué diversidad, pluralidad, tolerancia y equidad representa todo esto?
A nuestro juicio, la pluralidad educativa, y la educación alternativa de iniciativa social, deben estar garantizadas (aunque no controladas de modo omnímodo) por el estado. La pluralidad no la garantiza una doble red de centros educativos, una de las cuales es, en su mayoría, “mono-ideológica”, sino más bien una escuela pública libre, bien financiada, con un alto grado de autonomía local y, sobre todo, abierta a todas las opciones (incluídas las religiosas, por supuesto) y en la que tanto alumnos como padres (y no solo estos últimos) puedan ejercer plenamente, y en la medida de su capacidad y desarrollo, la libertad de opción formativa a la vez que aprenden a convivir, dialogar y respetarse como ciudadanos en un mismo marco de socialización. Sin una escuela como esta, cohesionada y plural, no puede haber una sociedad semejante, por lo que es claro que estos – cohesión y pluralidad – , y a la actualidad me remito, han de ser los primeros objetivos de una buena política educativa . Pese a quien pese; sea a una asociación particular de padres, a un grupo religioso, a un lobby empresarial... O a todos a la vez.
