El Tribunal Constitucional ha dado amparo a una mujer que denunció haber sido sometida en la Comisaría de Badajoz a un cacheo con desnudo integral ante de ser conducida al calabozo, y ese tribunal considera que la jueza que investigó los hechos no hizo una labor exhaustiva que permitiera su esclarecimiento.
La Sala Segunda ha dictado una sentencia en la que estima el recurso de amparo de la mujer, anula los autos impugnados y ordena una investigación “eficaz y exhaustiva”, al entender que se ha vulnerado su derecho a la protección judicial efectiva en relación a tratos degradantes.
La mujer denunció ante los juzgados de Badajoz haber sido sometida a un “innecesario y vejatorio” cacheo con desnudo integral durante su detención policial, acordada por otro juzgado de la ciudad como autora de un supuesto delito de desobediencia.
Entonces la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Badajoz solicitó el atestado policial, que se identificara a la agente que practicó el cacheo e informara sobre su necesidad y el protocolo.
El informe policial indicaba que en ningún momento se ordenó que se desnudara integralmente a la detenida, quien como prueba de lo contrario había entregado al juzgado grabaciones de audio que había hecho desde el momento que fue detenida hasta que ingresó en el calabozo policial.
La jueza de Badajoz no ve nada malo
La jueza señaló que las grabaciones no ponían de manifiesto “que la misma fuera vejada, humillada o insultada de forma alguna por el funcionario policial jefe con el que habló, ni con el resto de los agentes, a los que se les oye interactuar con ella -y con la menor (su hija de dos años) - con absoluto cariño”.
Es más, añadió sobre la estancia en comisaría que “se actuó con especial delicadeza y en cierta forma se tuvieron con ella deferencias que no se tiene con el resto de detenidos, quizás por lo delicado de su situación y las especiales circunstancias concurrentes”, en alusión a su hija.
Por ello, la jueza sobreseyó la denuncia tras considerar que la investigación había sido suficiente, que los hechos denunciados no habían quedado debidamente acreditados ni, de haberlo sido, serían constitutivos del atentado a la integridad moral denunciado.
En sus recursos posteriores ante el juzgado y la Audiencia de Badajoz la mujer solicitó que a la vista del resultado de esas grabaciones, se oyera en persona a la agente que practicó el registro para que explicara las indicaciones que a ella se le atribuían, según las cuales “debía quitárselo todo” para el cacheo.
Pero los órganos judiciales rechazaron de nuevo esta petición por entender no acreditada la práctica del cacheo y, en todo caso, por considerarla una actuación policial ordinaria prevista en los protocolos policiales de detención.
Las grabaciones son indicio
Agotada la jurisdicción ordinaria, la mujer acudió en amparo ante el Constitucional, que en su sentencia razona que “la investigación realizada de la conducta policial considerada por la recurrente como excesiva y atentatoria a su dignidad no fue suficiente, en tanto no facilitó el adecuado esclarecimiento de los hechos denunciados”.
El tribunal de garantías entiende que, con la aportación al juzgado de las grabaciones de audio realizadas por la demandante, el sustento fáctico de la denuncia inicial resultaba verosímil; esto es, constituía una sospecha razonable fundada en datos objetivos.
La sentencia, ponencia del magistrado Cándido Conde Pumpido, señala que “era relevante intentar esclarecer si se practicó o no un registro corporal con desnudo integral y, en caso afirmativo, determinar con qué finalidad y hasta qué punto era una medida proporcionada a las circunstancias concurrentes”.
Pumpido recuerda que esta modalidad de registro corporal puede llegar a acarrear un sufrimiento de especial intensidad o provocar una humillación o envilecimiento del sujeto pasivo y constituir, por tanto, un trato vejatorio y degradante, prohibido por la Constitución.