Más de nueve millones de metros cuadrados en la región, incluidos en la Red Natura 2000 de la UE, no podrán desarrollarse, según confirma la Junta de Extremadura. Residencias de ancianos, equipamiento deportivo, viviendas V.P.O o suelo industrial, ya aprobados, quedan en el aire después de la sentencia del Tribunal Constitucional y la posterior orden de derribo del Supremo. Porque es en esa sentencia, de noviembre de 2019, donde el Constitucional interpreta que los terrenos de la Red Natura 2000 son “no urbanizables de especial protección”.
Así, el derribo de Valdecañas no afectará solo a Valdecañas. Lo hará también a municipios como Serrejón, Garlitos, Villar del Rey, Baños de Montemayor o Herrera del Duque. O a Alía, Sancti-Spíritus, Azuaga, Hervás, Alcántara, Jerez de los Caballeros, Campanario, Castuera o Talarrubias “cuyos planes generales no podrán desarrollarse en las zonas coincidentes con la Red Natura”, según explica la directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura, Eulalia Moreno de Acevedo.
Planes generales que no tenían, a priori, ningún impedimento para su aplicación y desarrollo, ya que siempre que no afectara al estado de conservación de los hábitats naturales y especies protegidas, “no existía prohibición ni imposibilidad, según la legislación ambiental y la legislación de suelo, de que los terrenos se pudieran clasificar como suelo urbanizable”.
De hecho, en la región hay más de 17 millones de metros cuadrados desarrollados y urbanizados en zona ZEPA. Urbanizaciones, proyectos industriales y empresariales e infraestructuras sanitarias como el Hospital Universitario de Cáceres son solo algunos ejemplos.
Extremadura es, actualmente, la segunda comunidad, tras Cataluña, con más espacios de la RN2000 de España, con 71 en total, y la cuarta en cuanto al tanto por ciento de terreno protegido bajo esta figura, con un 26,45%, sólo superado por Canarias, La Rioja y la Comunidad Valenciana que sobrepasan el 30% del total de su territorio, tal y como recoge la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.
Resumiendo, la Red Natura 2000 abarca casi una tercera parte del territorio de la Comunidad Autónoma y hay ZEPAS que incluyen núcleos urbanos completos, unos ochenta en la región, asentados en suelo urbanizado y que, después de la sentencia del Constitucional y posterior dictamen del Supremo, verían impedido para siempre su crecimiento social y económico.
La directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio cree que “las grandes inversiones no peligran con esta decisión pero sí el desarrollo económico y social de la región”. Principalmente el de algunos municipios que ahora esperan una posible modificación de la Ley de Suelo estatal o una redelimitación de las zonas ZEPA para seguir creyendo en su futuro.
De hecho, hace poco más de un mes el presidente del gobierno regional anunciaba que la Junta de Extremadura ya había solicitado una revisión y modificación de las Zonas ZEPA, dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea porque “el exceso de protección ambiental impide frenar la despoblación”. Y aseguraba que la decisión del Supremo afecta a toda España y se traduce en que “no se puede hacer nada en la Red Natura 2000”.