Un informe de seguridad de vuelo, documento amparado por la Ley de Secretos Oficiales, ha sido desclasificado para intentar aclarar las circunstancias del accidente aéreo que costó la vida a una persona y dejó herida a otra en la base militar de Talavera La Real en 2012.
El caso se remonta a noviembre de 2012, cuando en dichas instalaciones se realizaban unas maniobras de instrucción para el combate y se produjo el accidente. El siniestro en el que falleció el piloto, el comandante Ángel Álvarez, dejó con graves secuelas al alférez, que hacía las veces de copiloto, Sergio Santamaría.
Tras el accidente Sergio Santamaría puso el caso en manos del Despacho de Abogados Martínez-Echevarría y a través de su abogado, Raúl Ochoa, se ha logrado que se desclasifique el mencionado informe.
Dicha petición fue admitida a trámite por la instructora del caso, la jueza Patricia Moncada, del Juzgado Militar Territorial número 12, y recurrida por la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Este recurso ha sido rechazado, al estimar la jueza que puede aclararse o no la existencia de una posible negligencia en la autorización de dicho vuelo, y en la posterior gestión de las llamadas de emergencia que se produjeron.
Para el despacho de abogados Martínez-Echevarría hay dos circunstancias fundamentales en este caso y que ese informe puede aclarar, las causas reales de la avería que se produjo, en primera instancia por fatiga de uso de algunos materiales; y la falta de cualificación del piloto que comandaba la nave en el momento de la instrucción.
A partir de ahí, habrá que ver qué tipo de responsabilidades penales se pueden depurar y sobre qué responsables, ha asegurado el abogado Raúl Ochoa, director de la oficina de Martínez-Echevarría en Madrid y que ha logrado la desclasificación del informe.
Como dicta la Ley de Secretos Oficiales, a pesar de que un juez autorice el levantamiento de ese secreto, la última palabra la tiene el Gobierno