Ecologistas en Acción y Adenex están ‘indignados’ con la sentencia de Valdecañas y anuncian un recurso

Ecologistas en Acción y Adenex han expresado su indignación por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) en el que decide mantener todos los edificios terminados de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, a la vez que han anunciado que recurrirán la sentencia.

En un comunicado, las organizaciones conservacionistas han asegurado que la sentencia “supone asumir una tremenda ilegalidad por la vía de los hechos consumados”.

Afirman que se trata de un “caso palmario de incumplimiento de la normativa ambiental y urbanística, en el que todas las sentencias de las diferentes instancias judiciales han venido confirmando la ilegalidad de la urbanización y el papel negligente de la administración local y extremeña”.

“Una rotunda vulneración de la ley”

Adenex y Ecologistas en Acción de Extremadura iniciaron hace doce años un proceso administrativo y judicial en contra de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, al considerar que había sido levantada en una zona Red Natura 2000, “un espacio teóricamente protegido y no urbanizable”, han recordado.

Así, han defendido que resulta difícil encontrar un caso “tan rotundo de vulneración” de la legislación ambiental y urbanística.

Los dos grupos han asegurado que es “indignante e incomprensible en un verdadero Estado de Derecho la sentencia del TSJEX, ya que el fallo contradice abiertamente el resultado de la prueba pericial que realizó la Estación Biológica de Doñana, que afirmaba claramente que el impacto del mantenimiento de la urbanización es muy superior al de su demolición”.

De igual forma, consideran que “tampoco existe imposibilidad material de ejecutar la sentencia, ya que hay muchos ejemplos en España que muestran que no es ni difícil ni costoso, y bajo ningún punto de vista resulta imposible”.

“Con esta sentencia, el TSJEX viene a asumir que la política de hechos consumados funciona en España, al haber acordado lo que pretendían conseguir tanto la Junta de Extremadura como los propietarios de esta urbanización ilegal”, han criticado.

Por último, ambas asociaciones han señalado que, en este caso, la acción de los políticos extremeños “ha sido absolutamente irresponsable al diseminar el mensaje falaz de que el medio ambiente es un freno a nuestro desarrollo, cuando en realidad un desarrollo sostenible y justo solo puede partir de un medio ambiente sano y biodiverso”.