Ecologistas en Acción ha denunciado que “está sufriendo un tremendo acoso mediático” por intentar que se cumpla la legalidad urbanística y ha exigido que se demanden responsabilidades “a los verdaderos culpables del fiasco” de la urbanización Marina Isla Valdecañas.
El colectivo ecologista ha puesto de manifiesto que ha sufrido un “tremendo aluvión” de críticas y descalificaciones desde todos los estamentos “por hacer lo que le correspondía a la Junta de Extremadura y que nunca hizo: defender la legalidad urbanística en el caso de Marina de Valdecañas”. En este sentido, ha recordado que las continuas sentencias han demostrado que el proyecto era ilegal desde el principio, ya que no se podía urbanizar en un espacio protegido, “declarado por la propia Junta y no por las organizaciones ecologistas”, y que no era constitucional modificar la Ley de Suelo de Extremadura en contra de normas de rango superior para justificar la urbanización.
“Sin embargo, nadie en la Junta de Extremadura ha asumido ninguna responsabilidad política por este despropósito y continuamente desvían la atención hacia la acción de los colectivos ecologistas, Adenex y Ecologistas en Acción, que iniciaron este proceso judicial”, ha agregado.
Ecologistas en Acción ha lamentado que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, haya cuestionado la utilidad de la Red Natura 2000, “volviendo a discursos que no se escuchaban desde los peores años del desarrollismo”.
Asimismo, también ha puesto de manifiesto que el papel que ha jugado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) “también es reseñable, ya que después de varias resoluciones en contra del proyecto, sentenciaron en marzo de 2011 la nítida ilegalidad del mismo”. No obstante, “pusieron las condiciones para que las obras siguieran adelante al exigir una fianza de 41 millones de euros para que se paralizaran los trabajos, algo inalcanzable para organizaciones sin ánimo de lucro como Adenex y Ecologistas en Acción”, ha defendido la organización.
La asociación conservacionista ha añadido que, posteriormente, en junio de 2020, desde el mismo TSJEx se declaró la “imposibilidad material” de demoler lo que años antes no impidieron que se construyera, “incluso retorciendo las conclusiones del estudio que había hecho el CSIC y que concluía que la mejor opción para la recuperación del espacio natural era la demolición”.
Por otra parte, ha afirmado que la mayor parte de los propietarios conocían la sentencia que declaraba la ilegalidad del proyecto antes de proceder a la compra, tal y como demuestra una de las escrituras de compra-venta en poder de Ecologistas en Acción en la que se advierte de esta situación. Además, según se recoge en el apartado quinto de este documento el propio director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura “declara que las obras son legales y que se pueden seguir sin ninguna limitación legal, por lo que, nuevamente, la Junta apuntala un proceso ilegal y especulativo, sin que nadie asuma ninguna responsabilidad”.
En relación a la falta de empleo en la zona, Ecologistas en Acción ha destacado que mientras se “inflan” las cifras de empleados en la urbanización, “la realidad es muy diferente, ya que el propio alcalde de Berrocalejo acaba de reconocer que hay tres personas contratadas en su municipio”.
Ecologistas en Acción ha exigido a la Junta “que abandone su estrategia de búsqueda de chivos expiatorios y que se ponga en serio a trabajar para mejorar la situación socioeconómica en los pueblos afectados”.