La media española de jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes es de 11,1, una cifra a la que no llega Extremadura, con 10,1 por cada 100.000.
Otras comunidades que se sitúan por debajo de los datos nacionales son Cataluña, con 10,2, o Castilla-La Mancha, Navarra (10,1), según un estudio presentado hoy en Barcelona.
El estudio elaborado por la Cátedra Observatorio Social y Económico de la Justicia, impulsada por el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), radiografía el estado actual de la organización judicial en Cataluña y aporta datos relativos a los órganos judiciales, personal, volumen de asuntos, medios materiales y la calidad de la Justicia.
El estudio también alerta de las consecuencias del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que tramita actualmente el Gobierno, y que prevé el traslado de algunos asuntos a Juzgados de partidos judiciales diferentes a los que correspondería por competencia territorial, en función de la carga de trabajo.
Esta medida no afectaría a los asuntos del ámbito civil, que continuarán siendo resueltos en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción más próximos, pero sí a los de los ámbitos penal y social.
Según el comunicado, el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Abel Pié, se ha mostrado contrario al nuevo proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que deja “en manos del presidente de la Sala de Gobierno el reparto de asuntos, que hasta ahora se regían por unas normas legales de competencia territorial”, lo que pondría en peligro la justicia de proximidad, a su juicio.