La Junta de Extremadura ha reclamado que la Ley de Dependencia debe estar financiada al 50 por ciento por la Administración General del Estado y por las comunidades autónomas, tal y como se había comprometido el Gobierno al ponerse en marcha el Sistema.
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles Blanca, así lo ha declarado en la reunión del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado este jueves, 19 de octubre, en Madrid.
En el encuentro, presidido por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, y en el que también ha participado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, se ha presentado el informe de la Comisión para el Análisis de la situación actual del Sistema de la Dependencia, de su sostenibilidad y de los actuales mecanismos de financiación, fruto del acuerdo de la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero de 2017.
El informe ha concluido que alrededor del 80% de la financiación de la Ley de Dependencia la están asumiendo las comunidades autónomas, y el resto, el Estado.
En esta línea, Vergeles ha destacado que el Sistema de Dependencia, además de suponer un estrangulamiento financiero para las comunidades autónomas, es fruto de una serie de modificaciones en la normativa, en la que solo cabe esperar una solución por parte de la Administración General del Estado.
Además, hay que sumarle la incorporación, desde mediados de 2015, de los dependientes moderados o de grado 1, lo que ha llevado a un incremento de 300.000 personas en las listas de espera para ser beneficiario del Sistema de Dependencia.
Como consecuencia de estas medidas, para la Junta de Extremadura ha supuesto unas pérdidas de alrededor de 80 millones de euros en estos últimos años, y la desatención a un gran número de personas que necesitan este tipo de prestaciones.
A nivel nacional, el déficit de financiación del Estado ha supuesto 3.000 millones de euros para las comunidades autónomas, según ha detallado el consejero.
Vergeles ha aseverado que el Estado debe subir el nivel de protección que tienen las personas y recuperar el nivel acordado de la Ley de Dependencia.