La falta de juristas en la Junta frena el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica de Extremadura

Casi tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica y Democrática aún se han desarrollado muy pocos aspectos. La materia ya cuenta con una dotación específica y se han dado “avances”, defienden desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, pero la Coordinadora Memorialista de Extremadura (Comex) recuerda que en la ley se recogen plazos concretos para la puesta en marcha de diversas disposiciones que se han incumplido.

El pasado 24 de marzo se celebró una reunión telemática entre la Junta y las asociaciones memorialistas de la Comunidad, donde estas expusieron su descontento por el freno que padece esta ley, que tiene numerosos asuntos pendientes a pesar de que se aprobara en diciembre de 2018. Entre ellos, el portavoz de la Comex, Pepe Hinojosa, cita la creación de un censo de víctimas y el procedimiento para su indemnización, y la retirada de vestigios del franquismo en la región. Aunque las dos diputaciones han elaborado un catálogo con estos nombres de calles, escudos y placas que homenajean la sublevación militar y la dictadura, aún un buen número de localidades que no los han retirado. “Es el caso de la Cruz de los Caídos de Cáceres”, afirma Hinojosa.

El Instituto de la Memoria Histórica y Democrática se tendría que haber constituido antes del 24 de julio de 2019. Es el órgano indispensable para el impulso definitivo de la ley porque tendrá que ser el encargado de su desarrollo reglamentario y de coordinar todos los trabajos y programas ligados a su aplicación, como el comité técnico para la retirada de vestigios franquistas o el censo, reconocimiento y reparación de víctimas. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, anunció en el debate sobre el estado de la región del año pasado que ese mismo año, en 2021 sería por fin una realidad. Pero no ha sido así.

El principal motivo para este retraso, más allá de las “dificultades provocadas por la pandemia”, ha sido la falta de personal jurídico que desarrolle todas las cuestiones legislativas de la ley, según explican desde la Consejería. En estos momentos la bolsa de empleo de juristas de la Junta está “agotada” y no ha sido posible la redacción del decreto de creación del Instituto de la Memoria. Por este motivo, el pasado martes, 12 de abril, se suscribió un contrato para la incorporación de profesionales externos.

Nueva campaña de exhumaciones

A pesar de esta situación se han dado pasos. La memoria histórica ha tenido un presupuesto específico desde 2020 (179.000 euros) y 2021 (409.000 euros). El dinero previsto este año asciende a 646.703 euros, lo que supone un incremento de las dotaciones que venían realizándose desde el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (Premhex), que desarrolla la Universidad a través de un convenio de colaboración con la Consejería de Cultura, que aporta la mayor parte de la financiación, y las dos diputaciones.

Por otro lado, esta Consejería cuenta desde junio pasado con un Servicio Memoria Histórica y Democrática, que depende de la Dirección General de Patrimonio, pero en cuanto a su dotación de personal, la Junta explica que se han afrontado “los problemas propios de las unidades que arrancan de cero”. 

Según Comex, para las acciones en materia de memoria histórica que se están llevando a cabo en Extremadura “no hace falta ninguna ley”. Sin embargo, Cultura insiste en que “se está satisfaciendo” la demanda de los familiares de las personas represaliadas y de las asociaciones memorialistas. En este sentido, la Administración recuerda la elaboración del Mapa de Fosas de Extremadura, que se presentó hace dos meses y que es una exigencia de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.

Además, la Consejería de Cultura financia desde el año pasado exhumaciones de fosas. En 2021 invirtió 90.000 euros en actuaciones llevadas a cabo en las localidades pacenses de Castuera, Miajadas y Feria, y este año invertirá 160.000 euros en nuevas actuaciones, aunque aún no ha dado a conocer en qué localidades se llevarán a cabo.

Entre los proyectos a acometer este año se encuentra también la creación de un fichero de testimonios orales que permita localizar a víctimas y familiares, la realización de análisis antropológicos sobre los restos exhumados el año pasado o la creación de una publicación anual de información sobre las actividades relacionadas con la memoria histórica en la región.