El 84 % de los municipios españoles tiene 5.000 habitantes o menos, una población tan reducida que no pueden cumplir sus competencias y les hace perder la autonomía local que les atribuye la Constitución, frente a lo que varios expertos abogan por acometer agrupaciones o fusiones, como la planteada por Don Benito y Villanueva de la Serena.
Esta es la conclusión de varios expertos consultados, que argumentan cómo las propias leyes reconocen estas circunstancias.
La fusión de estos dos pueblos extremeños ha puesto de actualidad una cuestión largamente aplazada en España, la necesidad de reformar la Administración Local, y, en concreto, la gran cantidad de pequeños municipios (menos de 5.000 habitantes) existente en España en comparación con otros países de nuestro entorno: 6.830 sobre un total de 8.131 ayuntamientos.
A pesar de que las dos localidades citadas tienen poblaciones grandes (37.284 y 26.352 habitantes, respectivamente), la decisión de fusionarse ha sido considerada como una referencia para el futuro por voces tan autorizadas como el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero.
David Ortega, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, celebra también esta iniciativa: “Don Benito y Villanueva han pensado y han tomado la decisión correcta. Este es un asunto que lleva muchos años pendiente”.
La ley de reforma de la Administración Local de 2013 ya proponía las fusiones para superar la atomización del mapa municipal, recuerda Ortega, quien lamenta que la norma no alcanzó ese fin: “El número de municipios es completamente ineficiente. Toda Europa va por un lado, reduciendo los municipios desde hace 20 o 30 años, y España por el otro”.
Por su lado, Francisco Javier Durán García, letrado del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), de casi 13.000 habitantes, secretario de la Asociación de Letrados de Entidades Locales y autor del libro “La fusión de municipios como estrategia” (2016) señala que “la cifra de 5.000 no es una referencia arbitraria”.
“Se usa en varias leyes específicas para distinguir los pequeños municipios de los de mediano tamaño. En realidad, un municipio de 6.000 habitantes tampoco es viable, pero a los de menos de 5.000 determinadas normas ni siquiera le reconocen determinadas competencias, en materia de contabilidad, contratación… ”.
La cruda realidad
María Escamilla es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local en Valencia y secretaria interventora de Gavarda (Valencia), una villa de 1.050 habitantes que cuenta con un agente de Policía Municipal. “Viene de 09h a 15h, cinco días a la semana. ¿Qué pasa, que los malos solo trabajan de mañana y de lunes a viernes?”, se pregunta.
“Estamos desbordados, tenemos la sensación de que el legislador no es consciente de que existimos y de cuál es nuestra realidad”, añade, antes de recordar que, en su ayuntamiento, “somos un administrativo, un auxiliar interino y yo”. “El legislador no tiene en cuenta a la hora de redactar leyes la realidad… dice 'el departamento tal enviará al departamento cual' … ¿Perdona? Los ayuntamientos pequeños no podemos cumplir las leyes en materia de licitación, por ejemplo. No tengo personal, ni dinero para pagar salarios a técnicos”, explica.
“Desde COSITAL Valencia proponemos la agrupación de municipios en la prestación de servicios como una de las soluciones, y también la habilitación de mecanismos para que podamos exigir a las diputaciones la prestación de servicios a las que vienen obligadas por ley”, señala.
Durán, que lleva estudiando el tema desde 2010, sostiene que “los pequeños municipios actuales, con el tamaño que tienen, no pueden ejercer su autonomía local. Es un principio constitucional, sin ella no pueden ejercer sus competencias de manera autónoma y dependen de la tutela de otras administraciones, como las diputaciones”.
“Son municipios menores de edad y eso no es lo que dice la Constitución. En Europa, y desde después de la segunda guerra mundial, se ha reestructurado la planta, la nuestra tiene dos siglos. Ese fraccionamiento impide que gran parte de los ayuntamientos cumplan su función constitucional”, explica. Además, opina que el control sobre el dinero público en el caso de las diputaciones y mancomunidades, cuyos dirigentes no son elegidos directamente por los ciudadanos, “debe ser analizada”.
“La despoblación y el reto demográfico plantean un reto que te da dos opciones: ver cómo los pueblos desaparecen por la vía de hecho, y eso ya está pasando; o hacer una reestructuración ordenada”, añade.
“Se podría hacer obligatorio perfectamente, explicándolo bien”, añade Ortega, que insiste en el aspecto de la eficiencia económica, destacando que las fusiones suponen ahorro: “El número actual de municipios existente en España es un lujo que no podemos asumir porque la administración española está como está”.