“Como si fuera un Picasso”. La frase es de una vecina de Guadiana del Caudillo (Badajoz) y describe el mimo que recibe ahora la placa franquista que preside la fachada del Ayuntamiento de la localidad, que apareció rota a martillazos. Muchos presagiaban el final de un emblema antidemocrático que había sobrevivido al paso de los años.
Pero se equivocaban, porque la placa ha sido restaurada en unos talleres y repuesta en el mismo lugar. Aunque ahora el alcalde, el popular Antonio Pozo, ha reforzado su seguridad. La insignia ha sido incrustada en la pared y permanece protegida por un cristal blindado.
En el interior, el nombre de Francisco Franco y un recuerdo de su paso por la localidad en 1951 “como ofrendas a sus constantes entusiasmos en pro de la labor colonizadora” en este municipio que nació al calor del Plan Badajoz.
Vecinos de Guadiana han transmitido a este diario su malestar por el dispositivo que vela por un símbolo que exalta la dictadura militar y que resguarda el escudo del Águila de San Juan en un edificio público. Reprochan que el alcalde protege la placa franquista como si fuera un ‘Picasso’.
La polémica de la placa pasó semanas atrás por el pleno municipal, donde la propuesta para su eliminación fue tumbada por la mayoría absoluta del PP. Era una moción de los socialistas que contaba con el respaldo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura.
Tanto la oposición como la asociación entienden que se incumple el artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica, que insta a las administraciones a la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la represión franquista.
Explica José Manuel Corbacho, del colectivo de memoria, que la dedicatoria es un testigo vivo del franquismo. Más allá de las valoraciones morales o estéticos, advierte que reponer y restaurar una placa anticonstitucional, para que presida un edificio consistorial, es un “desprecio” a la legalidad. Es por ello que se reservan el ejercicio de tomar acciones legales contra el alcalde.
El alcalde tiene abierto un contencioso en los juzgados
En este sentido al alcalde se le acumulan las demandas. Tiene abierto un contencioso en los juzgados de Badajoz, donde ha sido admitido a trámite una denuncia del abogado Eduardo Ranz por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
El letrado había presentado un recurso administrativo contra la desestimación por silencio administrativo en torno a la reclamación de retirada de la mención franquista.
Transmite este experto defensor de la memoria que “desde este momento serán los jueces, y no los políticos, quienes decidan sobre la Ley de Memoria Histórica”. Lamenta que este incumplimiento tenga que ser corregido judicialmente casi 10 años después de la entrada en vigor de la norma.
El pasado febrero Eduardo Ranz denunció a ochos alcaldes de pueblos españoles (ubicados en Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León y Andalucía) con denominación franquista al considerar que incumplen la normativa.
El caso de Guadiana del Caudillo es digno de análisis en cualquiera de sus vertientes. La localidad logró su segregación de la ciudad de Badajoz aun conservando el topónimo alusivo al dictador Francisco Franco. Lo hizo en 2012 bajo el Ejecutivo de José Antonio Monago, y con una Ley de Memoria Histórica vigente por aquellos entonces.
Antes de la segregación el entonces alcalde pedáneo Antonio Pozo (ahora actual regidor) montó una consulta ‘popular’ a la que llamó a participar a los 2.500 habitantes de la localidad en torno al mantenimiento o no del apellido ‘Del Caudillo’. Una consulta que no siguió ningún proceso legal, conforme a la legislación que regula estos procesos y que se desarrolló en un colegio (un espacio público).
El proceso contó con la oposición frontal tanto del PSOE como de IU y de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex), que pidieron a todas aquellas personas en contra que no votaran. Finalmente ganó el sí, y en eso se escuda el alcalde, en que sus vecinos quieren mantener el topónimo.
Con la llegada del PP a la Junta Guadiana del Caudillo ganó una batalla que mantenía abierta con el PSOE para lograr su independencia. El Ejecutivo socialista ponía como requisito para su segregación de Badajoz que eliminase el topónimo ‘Del Caudillo’, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
De hecho había un informe jurídico de los servicios de la Junta que dejaba claro que era un requisito 'sine qua non'. El expediente fue modificado con el PP, según denuncia la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que sigue sin dar crédito en torno a este asunto.