El informe pericial encargado a la Estación Biológica de Doñana sobre los impactos del proyecto urbanístico de Marina Isla de Valdecañas es un paso decisivo para conocer su futuro. Sobre el macroproyecto hay ya dos sentencias que ordenan el derribo: la del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y la del Supremo.
El documento tiene que dilucidar si este espacio está mejor conservado ahora, o antes de construirse. Según han filtrado varias fuentes a los ecologistas el dictamen está a punto de salir, motivo por el que permanecen alerta.
Su derribo, o mantenimiento, puede decidirse de inmediato tras una batalla judicial que se ha prolongado durante años y que ha enfrentado a los ecologistas con la constructora, la Junta y los municipios del Gordo y Berrocalejo.
Se trata de un informe pericial sobre la incidencia que la construcción del Complejo Marina Isla de Valdecañas ha tenido sobre el hábitat protegido para, entre otras cuestiones, poder determinar si esos efectos han sido perjudiciales, neutros o beneficiosos para el hábitat protegido, y cuáles serían las consecuencias ambientales de una posible demolición.
¿Qué busca el informe?
Paca Banco, de Ecologistas en Acción, confía en que la Estación Biológica de Doñana les dará la razón y que el dictamen será negativo. Señala que la estación biológica, al ser un organismo científico que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, actuará con “rigor e independencia”.
Un año atrás señalaba la ecologista que en realidad el informe era una estrategia del Gobierno del PP de Monago para ganar tiempo y no ser los responsables del derribo. El objetivo según decía era “quitarse de en medio este embrollo para dejarle la ‘perita’ al siguiente gobierno de Extremadura”, que no iba a ser del PP, como finalmente ha ocurrido.
Lo cierto es que la pelota está ahora en el informe solicitado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que aplazó la decisión de demoler el complejo de Valdecañas a la espera del informe.
El proyecto se enfrenta a un futuro incierto también porque la empresa promotora del complejo turístico de lujo presentó un concurso de acreedores. A lo que se suma que la sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado la ilegalidad del complejo y ordena la reposición de los terrenos a la situación anterior a las obras.
¿De qué hablará el informe pericial?
Debe aclarar si existía justificación para que el espacio ocupado por la urbanización fuera incluido en la zona de especial protección de aves (ZEPA) por ser hábitat de reproducción y conservación de alguna especie de avifauna amenazada de extinción; y, por otra parte, si los estudios y criterios técnicos que sirvieron de base a la declaración de impacto ambiental reflejaron fielmente los efectos sobre el ecosistema del Proyecto.
Hay que recordar que, una vez dictada la Sentencia en la que se anulaba el Plan de Interés Regional (PIR) que servía de base a la construcción del Complejo y se pedía la demolición de lo construido, los Servicios Jurídicos del Gobierno de Extremadura formularon ante el Tribunal extremeño, que es el encargado de la ejecución de la Sentencia, un Incidente en el que se venía a expresar la imposibilidad de ejecución.
Dicha imposibilidad se fundamentaba para el Ejecutivo tanto en cuestiones legales, como en cuestiones materiales. Las legales responden a que, tras la aprobación del PIR, se han producido diversas modificaciones legislativas. A lo que añade la Junta que Marina Isla de Valdecañas en modo alguno ha supuesto daños para el medio ambiente y particularmente para la población avifaunística que justificó la inclusión de los terrenos en RED NATURA 2000. La demolición, sin embargo, podría causar daños más graves y mayores al medio ambiente.
“Los valores ambientales de Valdecañas no han mejorado”
La opinión de los ecologistas es completamente contraria y sostienen que los valores ambientales de Valdecañas no han mejorado en absoluto. Señalan también que, aunque la Junta ha argumentado que Marina Isla de Valdecañas aseguraba que la preservación de los valores ambientales de la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) han aumentado, hay informes aportados por Adenex y Ecologistas en Acción que dicen todo lo contrario.
También critican los daños ambientales que ha causado las fases del macro proyecto que se han ejecutado hasta ahora.
Denuncian además una deficiente evaluación ambiental que precedió a su autorización y la escasa incidencia ambiental de la demolición de lo construido, en un medio y largo plazo.