Inmovilizan 15 toneladas de aceitunas en mal estado en la localidad cacereña de Salvatierra de Santiago

La Guardia Civil ha inmovilizado 15.000 kilogramos de aceituna en un punto de compraventa ilegal de este producto, situado en la localidad cacereña de Salvatierra de Santiago (Cáceres). La inspección se realizó el día 21 de diciembre en colaboración con personal del Servicio Extremeño de Salud (SES), que determinó que las aceitunas no eran aptas para el consumo humano, según ha informado este jueves la Benemérita en una nota.

Los agentes, pertenecientes al Equipo ROCA de Cáceres, especializado en la prevención y persecución de los robos y hurtos en el campo, se desplazaron hasta una parcela, de unos 500 metros cuadrados, sin techar, en cuyo interior se almacenaba una gran cantidad de aceitunas, que se hallaban en el suelo. En total, se encontraron unas 15 toneladas de este producto, que presentaba “un mal estado de conservación”.

Durante la inspección, los agentes pudieron observar la existencia de un vertido líquido, proveniente de estas instalaciones, hacia la vía pública, lo que suponía un riesgo para el medio ambiente y la salud pública. Además, se pudo comprobar que en el interior de la parcela había un perro suelto, que defecaba por todo el recinto, incluida la zona donde se encontraban almacenadas las aceitunas.

El responsable del punto de compraventa no pudo acreditar estar dado de alta para ejercer la actividad de compraventa de las aceitunas, ni presentar ningún documento que garantizara la trazabilidad y el origen de las mismas. Tampoco disponía de los partes de registro de entrada y salida, ni de los documentos de acompañamiento de las personas que habían entregado o vendido las aceitunas depositadas. Por todos estos motivos, se procedió a la incautación e inmovilización de las 15 toneladas de aceitunas, que fueron precintadas para su posterior destrucción, al no cumplir con las condiciones higiénico sanitarias exigidas para su comercialización y consumo.

Asimismo, se iniciaron los trámites para la imposición de las correspondientes sanciones administrativas al responsable del punto de compraventa ilegal según la legislación vigente.