El juicio celebrado en Mérida contra una veterinaria de la provincia de Badajoz y 11 propietarios de 39 perros de caza a los que practicó la eutanasia, ha terminado con la exoneración por parte de Fiscalía de ocho de ellos, que se han desdicho, y está ya visto y pendiente de sentencia.
Según la Fiscalía eran perros perfectamente sanos, casi ninguno de los cuales superaba los cinco años de edad, pero que eran sacrificados debido a que según los dueños ya no eran buenos para la actividad cinegética; la mayoría eran galgos, aunque también otras razas de caza como podencos o mestizos.
Iniciado el lunes pasado, el juicio concluía este miércoles con el cambio de las conclusiones de la fiscalía, que ha retirado las acusaciones contra ocho de los propietarios. Según ha informado en nota de prensa, sí mantiene la acusación contra la veterinaria y tres propietarios por la muerte de 11 animales.
Para la veterinaria, la fiscalía mantiene la petición de dos años y ocho meses de prisión y multa de 10 meses por un delito de falsedad documental continuada y 15 meses de prisión y dos años y seis meses de inhabilitación para tenencia y oficio relacionado con animales por cada delito de maltrato animal.
Por su parte, para los propietarios de los animales sacrificados solicita 15 meses de prisión y dos años y seis meses de inhabilitación para tenencia y oficio relacionado con animales por cada delito de maltrato animal.
En el comienzo del juicio, la veterinaria acusada negó los hechos, mientras que algunos de los 11 cazadores que la incriminaron cambiaron su versión y negaron que llevaran sus animales a esta profesional como declararon en un primer momento, según han indicado, “por temor”.
En este juicio, además de la Fiscalía, estaban personados como acusación el Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, Ecologistas en Acción, la asociación protectora El Refugio, SOS Perros Badajoz, SOS 112 Vagabundos, la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) y la Asociación de Defensa de los Animales de Badajoz (Badajoz).
Los hechos se ciñen al periodo entre 2017 y 2019 cuando, según el escrito de acusación de la Fiscalía, la veterinaria, que ejerce en una localidad pacense, de manera continua y a requerimiento de sus propietarios, provocó la muerte de 39 perros de razas especializadas en caza -41 según El Refugio-, básicamente galgos, sin ajustarse a los protocolos exigidos por el Código Deontológico del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España.