La Junta de Extremadura se reunirá este viernes en Madrid con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para abordar de manera conjunta los problemas de las personas que han perdido su casa por motivos económicos.
Ambas entidades han mantenido ya diversas reuniones de trabajo con ese propósito.
La secretaria general de Vivienda de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, Maribel Moreno Duque, ha revelado que la SAREB ya se ha comprometido con la Junta de Extremadura a ceder 45 viviendas libres para que puedan ser gestionadas por la Administración regional, “una cifra que podrá ampliarse en un futuro”.
Moreno Duque se reunirá este viernes con representantes de la SAREB para, entre otros asuntos, cerrar el acuerdo para solucionar la situación de las familias que ocupaban las viviendas de La Corrala en la localidad pacense de Almendralejo.
Este acuerdo permite que las familias sean realojadas en pisos de alquiler por un año en la misma localidad mientras se les busca una solución definitiva.
Delito penal por usurpación
Duque ha señalado que se trata de una medida muy importante porque de lo que se trata es de no penalizar a las familias y evitarles un litigio judicial por un delito penal de usurpación ilegal de vivienda.
Ha explicado que la labor de intermediación que ha realizado la Junta de Extremadura ha sido valorada por la SAREB y las familias porque es la primera vez que en España se consigue un acuerdo de este tipo.
De este modo, la responsable de Vivienda promete que la Junta de Extremadura protegerá a todas las familias de la región que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, pero no a aquellas personas que pudiendo pagar una vivienda no quieran hacerlo.
Los abogados de las familias afectadas en Almendralejo han manifestado que el mayor éxito que se ha conseguido ha sido evitar un juicio penal, mientras que las familias han trasladado a la Junta de Extremadura según ésta que no quieren interlocutores para negociar por ellos ni tampoco que algunas organizaciones alcen la voz con la intención de “rentabilizar nuestras miserias”.
La nueva situación en Almendralejo afecta a cinco familias con hijos menores y escolarizados y a un matrimonio que no dispone de ningún ingreso y ha tramitado la renta básica.