El Punto de Encuentro Familiar está destinado a familias que en un proceso de ruptura precisan de un espacio de intermediación, que facilite las relaciones entre los hijos menores y el progenitor o los familiares con los que no convive. Hasta este local acuden familias en situaciones difíciles, derivadas desde los juzgados, en algunas ocasiones con casos de violencia de género de por medio.
En el caso del punto de Cáceres, y tras las repetidas quejas de varios de los padres y madres, la Dirección General de Política Social de la Junta ha abierto una diligencia al Punto de Encuentro Familiar, que en la actualidad gestiona una asociación. Se trata de una decisión adoptada tras la audiencia que la directora de Política Social, Carmen Núñez, ha tenido con una de las familias, y tras haber contrastado sus quejas, según ha confirmado el Ejecutivo regional a este medio.
Han sido tres los progenitores que han trasladado a eldiarioex su malestar por el funcionamiento del punto, denunciando malas prácticas (dos de ellos con la custodia de sus hijos menores, y otra a la que se le retiró la custodia meses atrás). En sus quejas ponen en duda varios criterios, entre ellos la neutralidad del centro, así como el impacto psicológico “negativo” que presuntamente provocan las visitas que hacen los menores en el centro tras relacionarse con el familiar que no tiene la custodia.
La entidad que gestiona el centro ha preferido mantenerse al margen, y ante las preguntas realizadas ha derivado a este diario a la Junta de Extremadura.
Precisamente ha sido la Administración regional la que ha confirmado a eldiarioex que, ante las quejas que ha recibido, la Dirección General de Política Social va a iniciar un procedimiento que se desarrollará en dos fases: una supervisión férrea del Punto de Encuentro con indicaciones de actuación y buenas prácticas; y “la posibilidad de iniciar un procedimiento para penalizar a la asociación que lo gestiona”. Dentro de este procedimiento “no se descartan actuaciones encaminadas a su cierre”.
Las quejas de los padres
Una de las usuarias que ha trasladado su malestar a eldiarioex es Alicia Díaz, que asegura que la entidad gestora ha emitido informes que no se ajustan a la realidad: “Aseguran que estamos coaccionando a los niños, y que interferimos en las relaciones paterno-filiales. Que llevamos a los niños al Punto de Encuentro con ansiedad, y eso es lo que hace que los niños no quieran estar con los padres”.
Una opinión que comparte otro de los padres que se ha puesto en contacto con este diario, Jacinto Alves. “Las profesionales del centro, cuando se les lleva la contraria, o cuando el niño es un poco problemático, lo que hacen es quitárnoslo de enmedio. Y lo más fácil es decir que el padre es problemático, lo damos de baja en el punto y le pasamos la pelota al ministerio fiscal y al equipo psico-social para que decidan. Y el equipo psico- social y el equipo fiscal tiran por el camino de en medio”, señala este padre, que teme quedarse sin la custodia de sus hijos en breve.
En una hoja de reclamaciones presentada ante la Junta, Jacinto denuncia que se ha llegado a “amedrentar” a los niños, diciéndoles que “les van a meter en un centro” de menores. Un hecho que también ha denunciado recientemente Alicia en otra queja.
Aparte de las tensiones entre las personas que trabajan en el punto de encuentro y estos padres, Jacinto coincide en que estos informes no se ajustarían a la verdad: “Nos están perjudicando, porque son papeles que llegan al equipo psico-social de un juzgado y al Ministerio Fiscal”.
Comparte esta opinión Sonia Beatriz Krenz, que asegura que en el punto familiar han sido emitidos informes que también aseguran que ella ha “manipulado” al niño. “Que he intervenido en hablarle mal, en contra del padre... y afirman que estoy mal de la cabeza (…)”.
En la actualidad, y ante los hechos que aseguran haber sufrido, algunos padres preparan una denuncia vía penal contra la entidad que gestiona el Punto de Encuentro Familiar de Cáceres. Sostienen que hay más familias disconformes con el funcionamiento del punto, pero que no hablan por miedo a que los informes emitidos les perjudiquen.