Nuevo varapalo para la Junta de Extremadura y la promotora del resort de lujo Isla de Valdecañas (Cáceres). El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado los recursos de reposición que ambas partes y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo presentaron hace unas semanas contra el auto que ordenaba la demolición parcial de la urbanización.
En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx ordenó el pasado septiembre que se continuara la ejecución de los pronunciamientos que no fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional en relación a Valdecañas, es decir, que se lleve a cabo la demolición de todo lo que se encuentra en estructura o no está terminado y en funcionamiento.
Los magistrados recuerdan en el nuevo auto fechado el 20 de octubre, al que ha tenido acceso elDiario.es Extremadura, que esta ejecución estaba suspendida por los recursos de casación que se presentaron ante el Tribunal Supremo y que fueron inadmitidos. El TSJEx considera que la demolición parcial es posible y la misma debe hacerse a fin de eliminar los bienes inmuebles que se encuentra en fase de estructura y proceder a la revegetación de la zona, y es la Junta de Extremadura la que debe ejecutar el auto.
En concreto, se deberá echar abajo el segundo hotel planificado y el resto de viviendas que se iban a construir, así como las viviendas terminadas que sirven de oficina de la promotora y de piso piloto.
El Gobierno extremeño de PP y Vox recurrió el auto para “explorar todas las posibilidades” que frenen la demolición de parte del resort de lujo al entender que su ejecuión es un un “mensaje negativo que ahuyentaría a posibles inversores que estén pensando en instalarse” en la comunidad.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx recuerda a la empresa, Marina Isla de Valdecañas S.A., que carece de legitimidad para invocar la imposibilidad legal de ejecutar el derribo parcial del complejo y que la ley que aprobó a finales de la legislatura anterior el Gobierno del socialista Guillermo Fernández vara para regular determinados aspectos de la Red ecológica europea Natura 2000, aunque el objetivo final era la legalización de Valdecañas, solo afecta a la parte de la obra terminada y en funcionamiento. Por lo tanto, “las actuaciones edificatorias no terminadas se encuentran en una situación de completa ilegalidad”.
Según consta en el auto, la empresa ha intentado 'salvar' al menos la oficina de ventas y el piso piloto, pero el TSJEx recuerda que “siempre” fueron objeto de demolición y que todas las partes demandadas se conformaron con este pronunciamiento de la Sala, de manera que no puede ahora discutirse sobre la demolición de estas edificaciones. También se agrega en el auto que es la Junta de Extremadura la que debe acordar cuáles serán las primeras edificaciones a derribar, pero que al existir “otros elementos en fase de estructura” estos deberían derribarse antes.
El TSJEx condena a las partes al pago de las costas (750 euros) y recuerda que pueden presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para lo que tienen un mes de plazo.