Más de mil mujeres extremeñas se vieron obligadas a abortar en clínicas privadas o en otras comunidades en 2023

El Servicio Extremeño de Salud (SES) derivó a la sanidad privada o a otras regiones a 1.140 mujeres para abortar en 2023, una cifra que se eleva a 1.171 mujeres si se tiene en cuenta desde que entrara en vigor, el 3 de marzo del año pasado, la reforma de la ley de salud sexual y de interrupción voluntaria del embarazo hasta ahora.

Estos datos han sido puestos de relieve este jueves en el Pleno de la Asamblea de Extremadura por la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero, quien ha criticado que no se cumpla la ley en la región, donde siguen sin practicarse abortos en la sanidad pública, lo que ha considerado que supone “una exclusión sanitaria de las mujeres” y una vulneración de sus derechos fundamentales.

La reforma de la ley, que entró en vigor en marzo de 2023, regula la objeción de conciencia pero estipula que tiene que existir una lista de objetores que todavía no existe en Extremadura. Fernández Cordero ha expuesto esta situación en el debate de su interpelación sobre la política del Gobierno regional en materia de derechos de la mujer.

La portavoz de la Junta y consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha anunciado que el Ejecutivo extremeño trabaja en un decreto que desarrolle y ejecute la reforma de la ley de salud sexual y de interrupción voluntaria del embarazo que incluirá el registro de objetores de conciencia, que “es un derecho del trabajador”.

Registro de objetores

Precisamente en el pleno de este jueves se ha aprobado una propuesta del PSOE para instar a la Junta a crear ese registro. La propuesta ha contado con el visto bueno del PP y de Unidas por Extremadura y Vox ha sido el único grupo que la ha rechazado.

Los socialistas, que ven este registro un mecanismo para avanzar en que este servicio se preste en centros públicos, recuerdan que el aborto en España es un derecho fundamental y legítimo y, por consiguiente, deber ser una prestación sanitaria garantizada, segura, y gratuita puesto que está financiada por el Sistema Nacional de Salud, Sin embargo, señala que apenas el 15% de las interrupciones voluntarias del embarazo se practican en hospitales públicos, además de existir desigualdad territorial en el acceso al servicio.

La propuesta añade que aunque la Ley del Aborto de 2010 reconoce el derecho a la objeción de conciencia, que es individua!, establece que este debe ser comunicado por escrito y de forma anticipada, pero una gran parte de centros sanitarios públicos no practican abortos alegando objeción de conciencia, por lo que la mayoría son derivados a clínicas privadas concertadas.

Este registro, que es competencia de las comunidades autónomas, que son quienes se encargan de orquestar a los equipos de profesionales y tienen las competencias sanitarias, cumplirá con todas las garantías de confidencialidad y protección de datos de los y las profesionales.

Durante el debate de la propuesta de impulso, el PP ha justificado su apoyo “por coherencia”, según su diputado José María Saponi, ya que “la salud está por encima de la política”, mientras que el portavoz de Vox, Oscar Fernández, le ha pedido a los populares que “no sea cómplice y diga sí a la vida”.