La Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Fundación Artemisan denunciarán ante la Fiscalía General del Estado el control de ungulados que se realizó en el Parque Nacional de Monfragüe el pasado 22 de abril, “en el que murieron unos 40 ejemplares de ciervo y jabalí sin seguir ningún tipo de criterio selectivo”.
Según ambos colectivos, los hechos tuvieron lugar en la finca “Las Cansinas”, propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, donde “se mataron crías de jabalíes y, al menos, cinco ciervas, en plena época de reproducción y cría”, han denunciado.
“En las jaulas se encontraron a los animales y sus crías ensangrentados por los golpes producidos al intentar escapar, por ello se pone en duda incluso el cumplimiento de las directrices y convenios internacionales, al igual que el personal empleado a tal fin, en lo referente a las jaulas”, han agregado.
Según señala la denuncia, esta actuación se llevó a cabo mediante capturaderos y jaulas a los que los animales son atraídos mediante aporte de alimentación suplementario, “donde fueron abatidos, sin distinción de especie, sexo o edad, con disparos de arma de fuego y pistola con bala cautiva”.
También han destacado que esta acción se llevó a cabo ante la presencia, entre otras personas, de personal responsable del Parque Nacional, agentes del Organismo Autónomo, Agentes del Medio Natural, veterinarios oficiales y, al menos, 15 empleados y colaboradores de una empresa pública.
Artemisan y RFEC han subrayado que este control se ha llevado a cabo “en pleno periodo de reproducción y crianza de la mayoría de especies, tanto de las protegidas como de las cinegéticas que habitan el Parque Nacional”.
Para las entidades denunciantes, esta actuación puede haber producido la destrucción y alteración de hábitats de especies protegidas, incumpliendo los artículos 332 y 334 del Código Penal, así como lo establecido en los artículos 46 y 57.1 b) de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que expresamente prohíben estas actuaciones.
En este sentido, han denunciado la “doble vara de medir de la Administración pública, exigiendo la aplicación de una serie de leyes, reglamentos, planes de gestión y condicionados técnicos a los cotos de caza que son infringidos cuando la propia administración es el gestor”.
Por ello, ambas organizaciones han solicitado la “depuración de todas las responsabilidades” por esta actuación, y han animado a los grupos ecologistas que exigieron el fin de la caza en Parques Nacionales “a que se sumen a esta demanda por una matanza amparada por las administraciones públicas”.