No se trata de la primera vez que la multan por participar en manifestaciones o acciones en defensa de la renta básica y contra los desahucios.
Pero esta última ha sido diferente. Tras recurrirla de manera reiterada sin éxito, Marisa Prudencio ha tenido que pagar 600 euros por una manifestación a la que no asistió. Estaba fuera de la ciudad de Mérida mientras la protesta se celebraba.
Marisa y otro compañero pidieron permiso para realizar una marcha en septiembre de 2013, que llegó a Mérida con motivo de la celebración del Día de Extremadura en el interior del Teatro Romano. La Delegación del Gobierno la sanciona bajo el argumento de que hubo un cambio en el itinerario que “alteró” el orden, algo que quienes asistieron al acto desmienten rotundamente.
Según relata ella misma, se trata de una sanción más con la que el Gobierno de España, a través de su delegación en Extremadura, “ha decidido imponernos fuertes sanciones a diferentes activistas sociales, bien mediante cuantiosas multas, bien sentándonos en el banquillo de los acusados”.
Fuera de esta polémica, lo cierto es que Marisa, que no estuvo presente, ha pagado de su bolsillo la nada despreciable cantidad de 600 euros. La multa de esta activista se suma a otras registradas en los últimos tiempos en la ciudad de Mérida, entre ellos Manolo Pineda, un pensionista con 43 años de trabajo a sus espaldas, que le costó una multa de 331 euros cantar megáfono en mano la canción 'La mala reputación' en una manifestación que tampoco estaba convocada.
“Nos están persiguiendo”
Bajo el argumento de que no se pidió permiso para cambiar el itinerario, la activista multada se pregunta que “a quién pidió permiso el Gobierno para cobrar parte de las medicinas con el copago farmacéutico, o para aplicar los recortes en educación y sanidad”.
Según advierten las multas a miembros del Campamento Dignidad empiezan a resultar sospechosamente reincidentes.
“Nos sancionan por mostrar (de forma absolutamente pacífica) nuestra repulsa a los recortes brutales que golpean al pueblo: a que se cerraran los centros de salud de atención continuada en muchas zonas rurales, a que las niñas y niños de esta comunidad (como del resto del Estado) careciesen de los bienes necesarios para la vida: casa, comida, agua, luz,… todos ellos derechos universales”.
Ella, al igual que otras personas, han protestado frente a la situación de desempleo y el abono de la renta básica. Una ley que según destaca aprobó la Asamblea de Extremadura en 2013 “tras una ardua lucha ciudadana, lucha en la que participamos las personas a las que ahora se nos castiga con estas duras sanciones”.
“Mantenéis al pueblo en una economía de guerra y nos imponéis leyes injustas, brutales con las que pretendéis amordazarnos, silenciarnos. No lo conseguiréis, lo sabéis y por eso tenéis miedo”, destaca Marisa.