Hasta 15.000 personas acudieron el pasado año en Extremadura a la justicia gratuita de la mano de un servicio que se sustenta en el trabajo de los abogados del turno de oficio.
Allí trabajan uno de cada tres abogados, encargados de avalar que la tutela judicial universal se cumpla. Acompañan y auxilian a quienes no tienen recursos.
Con motivo de la celebración del Día de la Justicia Gratuita los abogados de Cáceres y Badajoz han celebrado esta semana jornadas de puertas abiertas y actos públicos en los que han instado a la administración a dignificar su función y al cobro puntual de sus servicios.
“Una retribución digna”
El Turno de Oficio del Colegio de Badajoz aboga por una reforma de su marco regulatorio. En un manifiesto reclaman por una retribución digna al esfuerzo, el trabajo y la preparación y los medios que ponen a disposición de las personas que necesitan hacer uso del servicio.
Los abogados pacenses reclaman una actualización de los criterios para acceder al servicio, la clarificación precisa de las exigencias reglamentarias y una formación permanente de los profesionales.
En torno a este asunto de la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha explicado que trabajan en una Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que trata de agilizar y facilitar esos trámites para que los abogados puedan cobrar por su trabajo. “Se reconoce el trabajo de los abogados incrementándoles las cuantías entre un 24 y un 32 por ciento, aunque todavía es poco y hay que seguir trabajando”.
“Una compensación alejada de la realidad”
Desde el Colegio de Abogados de Cáceres ponen de manifiesto que la última actualización, tras 17 años sin llevarse a cabo ninguna, del real decreto que regula las retribuciones de estos letrados en Extremadura, zona dependiente del Ministerio de Justicia, no cubre el incremento del IPC de los últimos años.
El decreto marca un baremo de compensación económica para cada tipo de expediente, “muy alejada” de lo que es una retribución normal en el mercado, según advierte.
Ha puesto el ejemplo de la defensa de un acusado por asesinato que se enfrenta a 20 años de cárcel, en la que por todo el procedimiento el abogado cobra 405 euros brutos, “poniendo despacho, coche, material, etcétera, que no se lo paga nadie”, mientras que por un divorcio se perciben menos de 200 euros.