Seis organizaciones ambientales han calificado este viernes de “inadmisible” el intento de hacer urbanizable la Red Natura que impulsa la Junta de Extremadura, ya que es “una huida hacia adelante” para evitar cumplir la ley en el complejo ilegal de Marina Isla de Valdecañas.
Por iniciativa del Gobierno extremeño, el Parlamento regional, con el previsible apoyo del PSOE, PP y Ciudadanos, va a presentar al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa para pedir que se tramite por procedimiento de urgencia la modificación de la Ley del Suelo estatal.
Para las organizaciones ecologistas nacionales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife, WWF, junto con la extremeña ADENEX, esta iniciativa supone “una completa aberración desde el punto de vista ambiental, ya que pretende que se pueda urbanizar en los terrenos declarados rurales de la Red Natura 2000”. “Además, choca frontalmente con la transición ecológica y respeto a la biodiversidad a que se ha comprometido el PSOE y el Gobierno a nivel estatal”, han advertido.
La propuesta legislativa incluye una disposición transitoria única hecha “a medida”, según estas organizaciones, para legalizar la urbanización Marina Isla de Valdecañas, “una obra que sentencias de todas las instancias judiciales (Tribunal Superior de Justicia, Supremo y Constitucional) han determinado que es ilegal y que debe demolerse y ser restaurada ecológicamente para devolver al espacio los valores por los que fue declarado zona Red Natura 2000”, han recordado.
Las organizaciones ecologistas han lamentado que muchas fuerzas políticas extremeñas dediquen esfuerzos “a debilitar y socavar” la red de espacios protegidos que se incluyen en Natura 2000, una figura legal fue creada por la Unión Europea y constituye una de las principales herramientas de conservación de la biodiversidad en Europa. A su juicio, los espacios que ahora se pondrían en riesgo con esta iniciativa fueron declarados por la Junta de Extremadura, avalados por la comunidad científica y regulados a todos los niveles legislativos a los efectos de constituir una red coherente de espacios protegidos a nivel europeo.
“Constituyen una herramienta fundamental para la calidad de vida de las y los extremeños, tanto en provisión de servicios ecosistémicos como por su capacidad para actuar como barrera frente a los efectos del cambio climático que ya estamos viviendo. Además, bien gestionados, los espacios Natura 2000 tienen un tremendo potencial de desarrollo de actividades compatibles con la sostenibilidad y el empleo en zonas rurales, como avalan numerosas experiencias a nivel nacional y europeo”, ha indicado las organizaciones ambientales.
Por otro lado, han señalado que contraponer desarrollo socioeconómico a la existencia de espacios protegidos, como argumenta esta iniciativa, “plantea una falsa confrontación”, ya que el Tribunal Supremo ha desmentido que los núcleos urbanos dentro de la Red Natura no pueden desarrollarse urbanísticamente.
En este sentido, ha dicho que “la mejor prueba” es que Extremadura tiene un 34 % de su territorio sujeto a alguna figura de protección, un porcentaje similar a la media estatal. Sin embargo, comunidades más ricas y con mucha más población y urbanización como Madrid y Valencia tienen más territorio protegido, 41 % y 39 % respectivamente.
En su opinión, la Junta de Extremadura está intentando repetir la estrategia que ya puso en práctica en 2011 con la modificación de la Ley del Suelo extremeña, para dar cobertura legal a posteriori a la urbanización Marina Isla de Valdecañas, unas semanas después de la sentencia que obliga a la demolición competa del complejo. Las organizaciones ambientales han recordado que esa modificación fue declarada inconstitucional ocho años después por el Tribunal Constitucional.
También han denunciado “la tremenda presión que están sufriendo Ecologistas en Acción y ADENEX en Extremadura por defender la legalidad y el interés general. La coerción sobre los grupos de defensa de la naturaleza se manifiesta a diario en forma de amenazas y agresiones dialécticas, alentadas por gran parte de los poderes mediáticos y económicos extremeños”.