La Ley de la Dependencia parece lejos de conseguir los objetivos ambiciosos objetivos que se marcó cuando salió hace 10 años. Se trataba de reconocer y atender unos derechos a personas con problemas, pero además generar un circuito oficial de actividad económica beneficioso para todos: afectados, profesionales, y para el país en general.
Pero no va bien porque sin ir más lejos el año pasado 40.000 españoles que tenían reconocido el derecho a recibir un servicio, o un dinero para pagárselo por su cuenta, fallecieron antes de poder disfrutar de una cosa o de otra, según ha reprochado este lunes el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.
Junto a la directora gerente del servicio extremeño a la dependencia (Sepad), Consolación Serrano, ha hecho memoria de situación a 1 de julio pasado, con el dato de que en la región hay 25.414 personas atendidas; tres cuartas partes de la población reconocida está ya en el sistema, pero el resto está en trámite de resolución.
La Junta destaca que en solo dos años, desde julio de 2015 cuando entró el actual gobierno socialista de Vara, se han incorporado 3.673 nuevos beneficiarios, cuando en los cuatro años anteriores, del Ejecutivo popular de Monago, no fueron muchos más, 3.969.
Extremadura es la región que más solicitudes recibe con arreglo a su población, una media de seis al día; hay 54.000 peticiones en vigor, que representan el 4,92% de la población total. Un 26% de ellas son rechazadas, la Administración no les da la razón.
Muchos cambios
Consolación Serrano afirma que el Sepad hace todo lo que puede para primero valorar y luego aplicar el beneficio si es aprobado, pero es un trámite complejo, el organismo “lo heredamos en 2015 escaso de medios”, y además se registran muchas incidencias: cambio en el grado de valoración (uno es el más leve y tres el más grave), o discrepancias-negociación en el tipo de servicio o prestación económica a dar, que es objeto de solicitudes de cambio por parte del dependiente.
Al final aunque es la primera en peticiones, Extremadura es la cuarta en personas ya valoradas (con dictamen oficial de si tiene derecho y a qué) y la sexta en porcentaje de población que recibe prestaciones sobre el total de habitantes.
Algunos beneficiarios del grado uno incluso renuncian porque si acceden al sistema oficial tienen que pagar el 20% del servicio (copago) mientras que si lo contratan por su cuenta al final les sale más barato en la economía sumergida.
“No estaremos contentos mientras haya tanta lista de espera”, admite Vergeles. Tanta gente sin valorar, y después tanta sin recibir prestación. Por ejemplo aunque en los últimos dos años, con el nuevo gobierno regional, se han reconocido derechos a 10.840, solo 3.673 los reciben ya en realidad.
El resto, afirma, es porque no está aún aprobado su plan individual de atención.
No va bien
En enero se reunieron los presidentes de comunidades autónomas en Madrid, y entre las decisiones tomadas figuraba la de analizar el cumplimiento de la Ley de Dependencia, que según Vergeles algún tiempo “ha estado paralizada por la drástica reducción de fondos del Gobierno central”. Aunque en principio la financiación era al 50% con las comunidades, no se cumple y por ejemplo Extremadura aporta el 87% de los fondos.
Por falta de dinero la lista de espera sigue aumentando, y los beneficiarios reconocidos fallecen sin poder ser atendidos. La comisión de trabajo que creó la conferencia de presidentes autonómicos debería haberse reunido en julio, no lo ha hecho, “y el Gobierno la ha aplazado a septiembre a la vista de las malas conclusiones que ha dado la comisión de análisis”.
“Espero que por fin en septiembre la ministra de Sanidad nos convoque”.
Inversiones en Mérida, Plasencia y ayuntamientos
El consejero ha añadido que se están mejorando las infraestructuras para disponer de servicios públicos que “podamos ofrecer a quienes reconocemos como beneficiarios” y ha anunciado que se destinarán 1,9 millones de euros a los ayuntamientos a través de fondos FEDER, así como una partida de 8,5 millones de euros para reformar los centros sociosanitarios de Mérida y Plasencia, “comenzando por el de Mérida por la situación en la que se encuentra”.