La Fiscalía ha pedido nueve años de prisión para la empleada de una tienda de telefonía de Montijo (Badajoz) por los delitos de apropiación indebida y estafa cualificada, en concurso con falsedad documental, en un caso en el que han resultado perjudicados 77 clientes, la empresa titular de la tienda y una financiera. El juicio se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida.
Desde mayo de 2015 a octubre de 2017, fecha en la que fue descubierta y despedida, la investigada, aprovechando su condición de dependienta y con el fin de obtener un beneficio patrimonial de forma ilícita, se apoderó de terminales telefónicos sin conocimiento ni consentimiento de los titulares del establecimiento. Después los vendía por su cuenta a los clientes de la tienda, a los que hacía pagar en efectivo y se apropiaba del dinero obtenido, según relata el escrito de acusación del fiscal.
Con la finalidad de ocultar a sus superiores la indebida salida del estocaje de la tienda de terminales móviles, la mujer manipulaba fraudulentamente el programa informático de inventario y facturación del establecimiento, al que tenía acceso a través de su clave, y falseaba los datos.
Además, con el uso de datos personales y bancarios de clientes, que obtuvo fraudulentamente aprovechando su condición de dependienta y sin conocimiento ni consentimiento de ellos, solicitó a una mercantil créditos para financiar las respectivas compras de los terminales telefónicos. En este caso también se apoderó del dinero, para lo cual hubo de falsificar los correspondientes documentos referentes a la financiación.
Algunos de estos clientes eran los mismos que habían adquirido terminales móviles en el establecimiento, sin recibir la factura, sino un justificante del programa de puntos de la operadora. Cuando estos clientes recibían los requerimientos de la financiera para que abonaran las cuotas o letras de los préstamos que supuestamente habían concertado, es cuando se percataban del engaño y formulaban las pertinentes denuncias.
En concreto, por el delito de apropiación indebida cualificada el fiscal pide tres años de prisión y diez meses de multa, a razón de una cuota diaria de doce euros. Y seis años de cárcel por el delito de estafa cualificada, en concurso con falsedad documental, y doce meses de multa, a razón de una cuota diaria de 12 euros.
En concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a los 77 clientes afectados en la cantidad en que sean tasados los perjuicios, a la tienda con 27.915,77 euros y a la financiera con 25.900.
Los perjuicios a la tienda se dividen en 10.857,77 euros por los terminales que salieron indebidamente, en 2.106 por las cantidades que se ha visto obligada a devolver a la financiera y en 14.952 por el daño a la imagen y reputación del establecimiento.